Las provincias gobernadas por el peronismo aceptaron una tregua en la pelea por los 100 mil millones de pesos que Nación les obliga a recortar, pero dejaron en claro –y por escrito–s una serie de condiciones a tener en cuenta en el Presupuesto del año próximo. Tras reunirse anteayer con funcionarios nacionales en la Casa de Salta, las 19 provincias opositoras a Cambiemos, a través de sus ministros de Economía, insistieron en que el ahorro presupuestario acordado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional no debe enfocarse en una reducción de costos sino que debe estar acompañada de un aumento de los recursos. Plantean como posibilidad la “ampliación de la base tributaria y el mejoramiento de los mecanismos de recaudación, sin necesidad de incurrir al aumento de alícuotas de impuestos”. También solicitaron que la pérdida por la eliminación del Fondo Federal Solidario (FFS o Fondo Sojero) pueda ser compensado en algunos casos con algún mecanismo de financiamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. La semana próxima se retomará la reunión entre Nación y estas provincias. 

El ajuste a que son obligadas las provincias, mientras ya está en marcha el que se comprometieron en noviembre a realizar en el marco del Pacto Fiscal, más la eliminación de recursos coparticipables provenientes de las retenciones sobre la exportación de la oleaginosa, inició una rebelión entre gobernadores propios y ajenos. Las jurisdicciones del mismo signo político o aliados al del gobierno nacional, pese a las críticas solapadas iniciales, comprometieron su apoyo al tratamiento del Presupuesto. Este jueves, la convocatoria fue para las 19 provincias opositoras, que se reunieron con Rodrigo Pena, secretario de Hacienda de la Nación; Alejandro Caldarelli, secretario de Provincias y Municipios, y Paulino Caballero, subsecretario de Relaciones con Provincias. Los gobernadores y vices solicitaron recursos para compensar el recorte por decreto del FFS, pero los funcionarios nacionales dejaron en claro que los recortes en las transferencias no están den discusión y rechazaron nuevas reformas impositivas. Sin acuerdo entre las partes, la reunión pasó a un cuarto intermedio hasta la semana próxima. 

Previo a que vuelvan a verse la cara, las provincias difundieron ayer un comunicado con una serie de lineamientos para definir la aprobación del próximo Presupuesto y aceptar las condiciones de ajuste que les impuso el Ejecutivo. “Las provincias hemos realizado esfuerzos para alcanzar el equilibrio fiscal, siendo esta una meta que la gran mayoría está logrando en el primer semestre de 2018”, apuntan el documento en el que critican que el recorte de recursos del Fondo Sojero haya sido “unilateral y sin consulta previa” y subrayan “el total desacuerdo (con la medida), ya que la misma afecta al presupuesto en curso, tanto de provincias como de municipios”. “Hemos escuchado las explicaciones del Secretario de Hacienda de la Nación en ese sentido. En este marco, hemos solicitado se establezca un mecanismo de financiamiento a través del FGS para aquellas provincias que lo requieran”, agrega el comunicado.

Las provincias aseguran estar dispuestas a contribuir con un esfuerzo adicional para que el gobierno nacional cuente con el presupuesto para 2019 “en los términos de reducción del déficit que se ha propuesto, en tanto la reducción del déficit no se concentre solamente en el gasto, sino en los recursos, mecanismo que permitirá distribuir equitativamente el esfuerzo entre todos los sectores de la sociedad”. Los gobernadores afirman en el texto difundido entender la “difícil situación social que vive el país”, pero insisten en que los ajusten no deberán afectar el gasto social y en la necesidad de generar más recursos. Se planteó como alternativa mejorar la eficiencia de la recaudación para aumentar los recursos sin aumentar impuestos y, a partir de allí, recalcular el monto global del recorte del año próximo. También se exige que sea Nación la que elabore la propuesta de reducción y contención del gasto. De esta manera, los gobernadores buscan despegarse del costo político que representará el ajuste que exige el Gobierno.