La Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), que promueve las apostasías colectivas en todo el país, entregó ayer a la Conferencia Episcopal las más de tres mil solicitudes que iniciaron los argentinos en el último mes para abandonar la Iglesia Católica.
En la misma presentación realizada ayer, la CAEL requirió al Episcopado que se unifiquen los criterios para darles curso a las solicitudes y se simplifiquen los trámites, ya que se encontraron con disparidad de criterios y predisposición en las distintas diócesis del país a la hora de entregar las planillas.
En la conferencia previa a la entrega participaron medios locales, France 24, medios españoles y la señal Diputados TV. “El Estado debe ser independiente de cualquier culto religioso y no se puede tolerar que haya ciudadanos de primera porque pertenecen a una creencia determinada y otros de segunda por no tener una creencia o tener una distinta a la que se plantea como hegemónica”, expresó en conferencia de prensa Fernando Lozada integrante de la CAEL, minutos antes de entregar los trámites de apostasías. “Nuestra agrupación nació hace más de diez años, con la decisión de trabajar para separar la Iglesia y el Estado y se hizo conocida a nivel masivo desde la pelea por el matrimonio igualitario, donde una vez más la Iglesia se opuso a respetar los derechos de la comunidad LGTB. Como parte de este camino, destacamos los proyectos de libertad de conciencia y equidad ante la ley, nuestra oposición al proyecto de la diputada Cynthia Hotton sobre el tema. Fuimos por eso expositores en la Corte Suprema cuando se debatió la educación religiosa en las escuelas”, explicó Lozada.
Pao Raffetta, de la campaña por la apostasía colectiva, cuyo lema es “No en mi nombre”, empezó su intervención explicando que “esta campaña es un rejunte de feministas, trans, lesbianas. Expresa nuestra indignación por la injerencia de la Iglesia en salud, en educación, porque vulnera nuestros derechos. Y se producen cosas absurdas, como que bauticen a los chicos sin su consentimiento (en general es al año, más o menos) y no los dejan apostatar hasta los 18, aunque tengan la autorización de los padres”.
Fue luego el turno de Analía Más, de CAEL, que recordó que “en la discusión por el matrimonio igualitario el principal actor de la oposición fue la Iglesia Católica, en la persona del entonces arzobispo porteño Jorge Mario Bergoglio. Y los intentos de la Iglesia no terminaron allí. El presidente Macri presentó el año pasado un proyecto de libertad de conciencia calcado del de Hotton, que cercena nuestros derechos. Hay una subcomisión que está tratando el tema, presidida por el diputado Olmedo. Este proyecto pretende, entre otras cosas, que ‘el Estado debe adecuarse a las creencias de sus empleados’ y también equiparar pecado con delito”. Y Victoria Tesoriero, de las Católicas por el Derecho a Decidir, dijo que “dedicamos este acto a Chicha Mariani y a las tres mujeres muertas por abortos clandestinos en estos días”.
Los representantes de la Coalición entregaron las planillas al Secretario de Prensa de la Conferencia Episcopal, Máximo Jurcinovic, quien se comprometió a llevar adelante el trámite y notificar sobre los avances. Luego de la entrega, César Rosenstein comentó: “Lo que nos preguntó fue qué razones daba la gente cuando iba a apostatar. Le dijimos que eran tantas y tan variadas como los que hacían el trámite, pero que las que más se repetían eran las críticas por lo que habían hecho durante el debate por la IVE, el papel secundario de las mujeres en general y de las monjas en particular dentro de la institución, los casos de pederastia”.
Y Fernando Lozada concluyó: “La Argentina tiene que volver a ser un Estado laico como era antes de la dictadura cívico-eclesiástico-militar. Queremos laicidad, y nos oponemos a cualquier intento de convertirnos en un Estado multiconfesional o pluriconfesional, para lo cual también hay proyectos dando vueltas. No queremos que otros cultos tengan los mismos privilegios que los católicos, sino que no haya injerencia de ningún culto. Porque el Estado laico es el único que garantiza que todos los ciudadanos puedan desarrollar su proyecto de vida en igualdad. Por eso queremos que no se confundan los valores sociales y políticos con los militares”.