“Tirá para arriba los números”, se lo escucha decir al hasta ayer director provincial de Infraestructura Escolar, Mateo Nicholson, en un audio que circuló hace unos meses. Estaba hablando sobre cómo fraguar una licitación de cocinas para comedores escolares con un sobreprecio superior a los 300 mil pesos. El ex funcionario, que había sido apartado provisoriamente de su cargo al ser denunciado por ese audio, finalmente debió renunciar, señalado por la muerte de dos personas tras la explosión en una escuela de Moreno y la serie de denuncias por el mal estado de los establecimientos escolares en toda la provincia.
Ayer, también, fue excarcelado bajo fianza Cristian Ricobene, el hombre que había revisado las instalaciones de gas de la escuela 49 el día anterior a la explosión. Ricobene, que había sido detenido el 13 de agosto, está imputado por el delito de “homicidio culposo agravado” y está siendo investigado, además, por una denuncia de defraudación al Estado, ya que habría facturado al Consejo Escolar de Moreno más de 300 mil pesos por reparaciones en distintas escuelas del distrito.
El 2 de agosto se produjo una explosión en la escuela 49 Nicolás Avellaneda, en Moreno, por una pérdida de gas que ya había sido denunciada por la comunidad educativa. Murieron la vicedirectora de la escuela Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, que habían llegado al establecimiento a las 7.30 para abrir las aulas y preparar el desayuno, poco antes de la entrada de los chicos.
La explosión en Moreno volvió a poner bajo la lupa a Nicholson, responsable del estado de la infraestructura escolar en la provincia y denunciado por delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos. La denuncia es de junio, luego de que se conociera el escandaloso audio, a. La legisladora consideró ayer, tras la renunciay fue presentada por la senadora provincial María Teresa García, del Frente para la Victoria, que fue Nicholson “uno de los responsables por la explosión en la escuela de Moreno que causó dos muertes” y afirmó que la gobernadora María Eugenia Vidal “lo protegió hasta hoy”. A su vez, reclamó que también deje su cargo el director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny.
“Tengo una reunión con María Eugenia el miércoles a la mañana y necesito mañana cerrar el tema de las cocinas. Yo sé que no lo tenemos listo pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan. O sea si vos sabés que es nueva ponele el monto que vos calculás. Obviamente que no den números redondos. Mañana si podes pasame las 79 cocinas con los montos que den alrededor de 80 millones de pesos, que fue lo que yo pasé. Porque vos me habías dado las primeras 17 con un promedio de 700.000 pesos y yo lo tiré para arriba y dije que nos iba a costar en promedio un millón”, decía el funcionario a María, una mujer que trabaja con él, en un mensaje de voz que dura un minuto y que provocó la denuncia en su contra.
“Lo llamativo es que haya renunciado hoy y no cuando se difundieron sus audios indicando poner sobreprecios en el presupuesto de las cocinas. Esa es la conducta del gobierno: primero ratifica a los funcionarios denunciados y después actúa, tarde”, expresó Roberto Baradel, Secretario General SUTEBA. Mariana Cattaneo, secretaria de Suteba Moreno, consideró que “blanquearon” la renuncia de Nicholson “para que no suba la cadena de responsabilidades”.
“Hasta que se hizo conocido por la difusión de los audios, a Nicholson ni se lo escuchaba nombrar. No nos recibía. Una vez lo encontramos de casualidad en la escuela 23 de La Plata, que se había incendiado, y a fuerza de debate conseguimos su compromiso para licitar el inicio de la obra de reparación. Pero nunca cumplió. La escuela sigue sin resolver su problema edilicio”, dijo la secretaria general adjunta de Suteba.
El martes está previsto que declare ante la fiscal Gabriela Urrutia el ex interventor del Consejo Escolar de Moreno, Sebastián Nasif, quien presentó su renuncia el pasado viernes 10 de agosto y está imputado por el delito de “incumplimiento de sus deberes de funcionario público”.