La criminalización de la pobreza –y de la protesta por añadidura–, incluyó siempre una categoría que estigmatiza los diferentes modos de ganarse la vida. Parte del concepto de ilegalidad, de que los manteros no pagan impuestos y perjudican al comercio que está en blanco. Además, de que venden mercadería ilegal, como si ciertos locales no hicieran lo mismo. Como si en esos lugares entregaran tickets fiscales disciplinadamente.

Otro concepto que se machaca desde el Estado –y sus propaladoras mediáticas– es sobre el uso adecuado del espacio público. Esa lógica operó antes y ahora contra los trapitos, limpiavidrios, cartoneros y todos aquellos que buscan su sustento en la calle. Olvidan que lo hacen para comer, tomar lo que otros desechan, sobrevivir cómo puedan. No es un fenómeno exclusivo de Buenos Aires; ocurre en otras grandes ciudades. Acá escandaliza a aquellos que cuando viajan al exterior, no temen comprar baratijas en los mercados de pulgas o en una peatonal atestada de puesteros.

Mientras los gobiernos nacional y porteño tipifican las conductas y economías de subsistencia, y abordan los problemas sociales con la violencia penal, el Estado y los desarrolladores inmobiliarios arrasan con el espacio público. Once –el barrio con mayor presencia de manteros– es uno de los que tiene más bajo índice de espacios verdes.

En una ciudad cada vez más cementada, las calles y sus veredas no colapsan solo por los piquetes y la venta informal de mercadería. En este último caso, se genera un ecosistema económico que llega a millones de personas que no pueden acceder al comercio formal. Parecería que eso se perdiera de vista, más allá del origen dudoso de la mercadería. Una paradoja: decenas de artículos son extranjeros (sobre todo de China) y el gobierno quiere ampliar más las importaciones. Para generar más trabajo informal como el de los manteros.

En los barrios donde los desarrolladores construyen o planifican torres, condominios, shoppings e hipermercados a destajo, los obradores, camiones mezcladores o grúas se apoderan del espacio público durante meses. Se favorece su avance con las rezonificaciones, mientras ahorran en el pozo de obra o excavación con el riesgo que eso conlleva (muertes entre obreros de la construcción). Pero también,obstruyen el tránsito, toman uno o dos carriles de avenidas y dejan calles destruidas a su paso. La Agencia de Bienes que aprobó la Legislatura porteña a fines de 2016 agilizará esa política. Para eso el macrismo necesita disciplinar el espacio público y tiene un objetivo preciso: favorecer los intereses de la clase que representa. Verbigracia: el shopping a cielo abierto que IRSA levantó en el predio de la ex Bodega Giol nació de varias ilegalidades que nadie desde el gobierno porteño frenó. Pero el espacio público en Once sí se puede ordenar con la guardia de infantería.

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