Graves hechos de violencia institucional que fueron denunciados tras un desalojo contra la comunidad qom, en la localidad de las Toscas, cobró relevancia nacional ante la visita de Juan Gómez, referente legal y técnico del Consejo Consultivo y Participativo de Pueblos Indígenas, Dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el viernes pasado. En un documento elaborado durante una asamblea de comunidades originarias de la micro región con Gómez, se repudió el accionar policial y la detención del cacique Darío Pereyra, por considerarla “arbitraria”. Aseguran que se trató de un grave hecho de abuso de autoridad en el que hubo apremios ilegales, vejaciones y hasta amenazas de muerte. La denuncia ya fue presentada en la Fiscalía.

La comunidad ocupa en Las Toscas terrenos que pertenecían a sus ancestros, lo que fue corroborado con el hallazgo de restos óseos y partes de vasijas y flechas. Así, hace dos años una comunidad Qom Nala Sol se asentó en una pequeña porción de tierras municipales periféricas.

Sin embargo, desde el inicio de la instalación, en 2016, el intendente se niega a reconocerles el derecho a esas tierras con la explicación de que tiene programado hacer viviendas sociales en ese espacio, negándoles autodeterminación de organización comunitaria.

En el lugar hay tres familias aborígenes que en total cuentan con 11 niños y niñas.

El 14 de agosto pasado, cuando los habitantes no estaban en el lugar, llegaron las topadoras a las casillas. La denuncia da cuenta de que se trata de un operativo irregular, que incluyó la detención del cacique Pereyra.

Lo que reclaman las familias es el derecho a la tierra que les corresponde por ley. El caso llegó incluso a la Cámara de Diputados, la semana pasada cuando la legisladora Claudia Giaccone, reprochó: “En Las Toscas desalojaron vandálicamente a familias qom” y presentó un proyecto solicitando a los legisladores que manifiesten corporativamente el repudio a “tan violento e ilegal episodio”.