No compro ni leo La Nación. Por eso me enteré hoy, ya en sábado 25 de agosto, de la versión que el 22 de este mismo mes un llamado periodista le adjudica a José López –no es necesario identificarlo–, a quien nunca conocí y espero no conocer nunca. A pesar del título principal de la tapa –único legible para mí pues el texto es ilegible por letra confusa de tan pequeña–, imputativo y sanguinario, conforme al fin buscado, logro leer, en un artículo de otro “periodista”, que firma Cappiello, la versión de que el Sr. José López habría colaborado con dineros malhabidos, a través de un Sr. De Pedro, con la Asociación Justicia Legítima. No puedo agregar nada a la veracidad de estas versiones pues no conozco a los llamados “periodistas”, ni a López, ni a De Pedro y no tengo más conocimiento que la alharaca de la prensa acerca del caso llamado de “los cuadernos”, que, según creo, es secreto como investigación por decisión judicial, a pesar de lo cual ciertos “periodistas” conocen versiones de quienes testimonian en él. Quiero agregarme, sin embargo, a la indignación de personas de bien que conozco, asociados como yo a Justicia Legítima, y aprovechar la oportunidad para refutar esas notas periodísticas, para contestarle al poder que las provoca y también para decir algo acerca del peligro que constituye la alcahuetería aceptada como método de conocer la verdad en el procedimiento judicial en materia penal, finalidad aceptada para él, al menos teóricamente. No quiero referirme a los funcionarios judiciales que intervienen en este caso, pues le temo al exceso de indignación por mi parte.

Si bien no soy fundador de la asociación referida, decidí, ya jubilado, voluntariamente –sin que nadie me llamara–, asociarme a ella y pertenecí a su primera comisión directiva formal. No sólo conozco bien a mis compañeros, sino que me consta que los únicos ingresos de la asociación provienen de quienes, también voluntariamente, nos anotamos para aportar una pequeña suma mensualmente. Tanto me consta así que las dos veces que representé a la asociación en el interior del país (Mar del Plata) aboné todos los gastos míos y los de mi señora esposa, que me acompañó en la ocasión, anécdota que sólo relato por el hecho injusto que La Nación atribuye de modo expresamente vago, aunque le da pie para un título de primerísima plana, con todos los resaltados posibles (gran letra, negrita, tapa y encabezamiento de ella), y con clara intención política. La asociación carece de fines políticos o económicos, comerciales o de consumo. De hecho, sus miembros no coinciden políticamente y sólo pretenden conservar para la administración de justicia de este país aquella llamada “independencia judicial”, ya perdida y tan vapuleada por gobiernos, autoridades legislativas y las propias autoridades del Poder Judicial. Por lo demás, se ha organizado como federación para defender esos fines y la integridad del orden jurídico en varias partes del país.

Pero eso no es lo peor del caso. Lo peor de todo este caso es la subversión del sistema jurídico-penal, alcahuetería mediante en lugar de lo que antes era prueba, su introducción a ese sistema y su utilización tan extensa como demoníaca para arribar a la verdad, que los funcionarios judiciales no sólo utilizan sino que provocan a modo de coacción y premio para quienes, suponen, delinquieron, y con una finalidad política ya clara y precisa. La forma con que esas realidades trascendieron –el traslado de un ya confeso hace tiempo y “pescado in fraganti” de la cárcel en la que sufría prisión y la libertad de algunos “arrepentidos” prisonizados por anticipado– verifica mis lamentables atributos. Escribí hace años, bajo el seudónimo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la imposibilidad e inconveniencia de ingresar este método a nuestro derecho penal. Hoy esa introducción, su uso y sus usuarios confirman esa opinión. Según creo, más tarde o más temprano los creadores de esta confusión sufrirán también sus efectos. Lo creo porque, conforme a lo que se observa, un efecto quizás no deseado de este proceder ha abierto una “caja de Pandora”, único favor que nos ha hecho el sistema y su aplicación práctica. Quienes antes gozaban de impunidad para cartelizar la obra pública y sobornar a funcionarios, verdaderos provocadores y usuarios del verbo “coimear”, defecto nuestro ampliamente conocido desde antaño, se abrieron como una “caja de Pandora” de la cual, cada vez que toman la palabra y en cualquier posición, sale inmundicia.

* Profesor emérito de la UBA.