Es común que, cuando alguien termina los estudios de una carrera profesional, le digan que la práctica le va a enseñar más que la teoría. Y esto es precisamente lo que ocurrió con uno de los aspectos del allanamiento en El Calafate a Cristina Fernández de Kirchner. 

Durante semanas se debatió si era legal o procedente allanar el domicilio de un legislador nacional. Que el Juzgado haya hecho trascender –y Clarín lo reprodujo en tapa en título catástrofe– que la senadora tenía en su poder información, carpetas o pendrives sobre el juez Bonadio, la Dra. Sandra Arroyo Salgado y otros personajes (en realidad no sé si es cierto o no) es motivo de esos hechos prácticos que saldan cualquier situación teórica.

De ser cierto, eso refuerza la teoría de que el principio general es que el domicilio, el automotor o el despacho de un legislador son inviolables. Precisamente porque pueden tener documentación inherente a su función que no puede ser examinada ni secuestrada por ninguna otra autoridad pública.

A esta altura cabe registrar que los legisladores –senadores y diputados– tienen capacidad investigativa. Y entre sus funciones está reunir elementos para que esa investigación derive en una denuncia judicial o incluso en la conformación de comisiones especiales de carácter uni o bicameral. También pueden promover juicios políticos a funcionarios. Y para esto, obviamente, deben reunir elementos probatorios que apuntalen esas iniciativas.

En el caso de los senadores tienen atribuciones aún más amplias, por ejemplo entender en los acuerdos para ascensos militares, lo que conlleva tener informes de organismos de derechos humanos, aprobar designaciones de magistrados o promociones en el cuerpo diplomático. Por lo tanto, si existían esas carpetas, pendrives o documentos, eso no sólo no constituye un delito sino que es un derecho de la legisladora de tenerlo en su poder, que debe ser estrictamente resguardado por las facultades constitucionales y por la propia ley de fueros.

Cabría preguntarse cómo hubiera titulado Clarín si en un allanamiento a la casa de la diputada Carrió se hubiese encontrado documentación referente al titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, al juez Ariel Lijo o a Daniel Angelici. ¿Lo hubieran mostrado como un crimen de la diputada o como una virtud de su republicanismo?

Por último hay que decir –siempre ateniéndonos a que la versión del juzgado sea fidedigna– que la documentación que sirve de un allanamiento es sólo aquella que está referida al objeto de la causa.

Espero que este ejercicio práctico les enseñe a senadores y diputados que ellos no son titulares de privilegios sino de derechos que están en cabeza del pueblo que los eligió. Son elegidos no sólo para legislar, sino también para investigar en defensa de los intereses de la sociedad.

Por esa razón tienen que defender sus prerrogativas y no entregarlas a la antipolítica para consagrar la impunidad de los poderosos.

Al menos yo no siento que me hayan elegido para ser diputado de las corporaciones, de Clarín, de la embajada de Estados Unidos o de jueces que actúan no como tales, sino como matones.

Por eso quiero defender los fueros, que no son míos sino del pueblo.

* Diputado, Unidad Ciudadana.