Andrea Copani es profesora de historia, Alejandra Esponda es antropóloga social. Ambas comparten la labor investigativa diaria en el programa “Estudios del trabajo, movimiento sindical y organización industrial” del Área de Economía y Tecnología de Flacso. Son de Buenos Aires, pero conocen bastante bien el pueblo de Gobernador Virasoro. Viajaron seguido para investigar los delitos de lesa humanidad que tuvieron lugar allí, en torno de la empresa yerbatera Establecimiento Las Marías, que integró el libro “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, y volvieron hace dos meses, para presenciar el juicio que culminó con la absolución del único acusado, terrateniente, militar y ex interventor de facto del pueblo, y que tuvo un gran ausente: el presidente de Las Marías, Adolfo Navajas Artaza, algo sobre lo que PáginaI12 las consulta. “No considerar la responsabilidad de la empresa es negar a las víctimas y sus familias el derecho a la justicia y la reparación”, evaluó Copani. “El hecho de que los empresarios no paguen por los crímenes traza una línea de impunidad que llega hasta la actualidad de manera muy clara a partir de la continuidad de la explotación extrema”, añadió Esponda. 

–¿Qué características tuvo la represión en Gobernador Virasoro? 

Andrea Copani: –Su característica distintiva fue el hecho de estar dirigida hacia trabajadores y militantes sindicales de la agroindustria yerbatera: obreros que trabajaban o habían trabajado en el Establecimiento Las Marías, propiedad de la familia Navajas Artaza. Hay que tener en cuenta que los trabajadores de Las Marías recién en 1973 y 1974 habían podido constituir sus propias organizaciones sindicales (STIA en el caso de los obreros industriales y FATRE en el de los rurales). Hasta ese momento no tenían una representación gremial formal y tampoco contaban con una serie de derechos laborales que en otros sectores se habían consagrado hacía décadas, como por ejemplo el aguinaldo. Tras el golpe de 1976 y la implantación de la dictadura cívico-militar, el municipio de Virasoro fue intervenido y el teniente  Héctor Torres Queirel, el único imputado que llegó a juicio oral y que acaba de ser absuelto, designado interventor. A partir de ese momento, en el marco de distintos operativos que se encuentran documentados, entre abril de 1976 y julio de 1977, fueron secuestrados más de diez trabajadores de Las Marías, casi todos ellos con distintos grados de participación gremial. De estos trabajadores, Neris Pérez y Marcelo Peralta continúan desaparecidos. Peralta fue secuestrado en la estancia María Aleida, propiedad de Torres Queirel. Por eso señalamos tanto su responsabilidad militar, como interventor, como su responsabilidad civil, en tanto dueño de la estancia donde Peralta vivía y fue secuestrado. 

Alejandra Eponda: –Una de las cuestiones a resaltar y que muchos de los familiares han expresado muy fuertemente durante el juicio ha sido que Virasoro es una localidad muy controlada por el poder económico de los Navajas Artaza, que está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Estamos hablando del dueño de una empresa yerbatera, la más importante en la zona, cuyo apellido es un marca constante en la localidad, el nombre de la calle, comercios de su propiedad, la escuela a la que van gran cantidad de niños y niñas de trabajadores, parás en un hotel y la factura lleva el apellido, vas a la estación de servicio y no hay otra yerba que no sea la que sale del establecimiento Las Marías, entre otras cosas que permean la vida cotidiana. Ni hablar si pensamos estrictamente de las actividades económicas donde gran cantidad de estancias y actividades giran como satélites alrededor de esa empresa central, y de una u otra manera de manera están relacionadas productivamente a ellas. En este sentido, la tercerización laboral ya era una problemática en los años de dictadura que se expresa muy profundamente en la actualidad, y que al igual que en aquellos años es una estrategia que tiende a desresponsabilizar a los empresarios respecto tanto de condiciones de trabajo como en este caso extremo incluso de desaparición de trabajadores.

–¿Pudieron suceder los secuestros y desapariciones en Virasoro sin la complicidad civil? 

A. E.: –No. Al analizar el caso, los testimonios y los documentos que se van presentado en cada instancia de este proceso vemos que la represión en Virasoro tuvo que ver muy especialmente con la represión a quienes se estaban organizando en los lugares de trabajo, lo que nos lleva directamente a pensar en la responsabilidad de los empresarios. 

–¿Cuál fue el rol de los empresarios? 

A. C: –Tras nuestra investigación concluimos que el concepto de complicidad, que da la idea de una actitud de colaboración secundaria, no es el adecuado para dar cuenta del grado de involucramiento de sectores empresariales en la comisión de delitos de lesa humanidad. Nosotras hablamos de responsabilidad empresarial para ilustrar la participación activa y necesaria de estos empresarios. Respecto del caso de Las Marías, y esto se ve también en otros como el Ingenio Ledesma  o los ingenios azucareros de Tucumán, vemos que cuando se trata de empresas cuyo poderío va más allá de lo productivo, es muy poco probable que crímenes de este calibre pudieran suceder sin el visto bueno de la empresa.

–En el caso de Las Marías, ¿hay pruebas concretas de colaboración activa de la empresa en los secuestros y desapariciones? 

A. C: –Detectamos la provisión de información y recursos logísticos y materiales a las fuerzas represivas. Observamos situaciones en las que miembros del personal directivo y jerárquico del establecimiento motivaron las detenciones sufridas por los trabajadores. Un dato central a tener en cuenta es la presencia permanente dentro de la empresa de un policía que llevó adelante algunos de los secuestros. Por otra parte, la pertenencia gremial de la mayoría de los trabajadores víctimas es otro dato central, especialmente si se tienen en cuenta las acusaciones de sabotaje en el marco de actividades subversivas que realizó contra ellos la propia empresa. Los sobrevivientes relatan que durante los interrogatorios, muchas veces bajo tortura, se les preguntaba insistentemente por su participación gremial en Las Marías. 

A. E: –Hay muchos documentos y hechos elocuentes en este sentido, comenzando con que Marcelo Peralta fue secuestrado en el mismo campo de quien era su patrón e intendente de facto de Virasoro. Existen por ejemplo listados de Las Marías donde aquellos trabajadores que fueron secuestrados, presos y en dos casos desaparecidos (Pérez y Peralta) tienen marcas como cruces, flechas y un símbolo que no se llega a develar qué significa. Estos documentos fueron puestos sobre la mesa por la Fiscalía y no tomados en consideración por el Tribunal.

–¿Qué sucede si el proceso de justicia sobre los delitos de lesa humanidad en esa zona dejara afuera a los empresarios? 

A. C: –El hecho de que no se juzgue a los empresarios desnuda la trama de complicidades a nivel económico, político y judicial que rodea este tipo de causas. En el caso particular de Adolfo Navajas Artaza, fue requerido como imputado por la desaparición de Neris Pérez, y casi dos decenas de jueces se excusaron de tomar el caso por distintos vínculos personales con el acusado, hasta que se lo absolvió sin tomarle siquiera  indagatoria. Al no considerar la responsabilidad de la empresa se les niega a las víctimas y sus familias el derecho a la justicia y la reparación.

A. E: –Si se deja afuera a los empresarios, yo diría que el proceso de justicia claramente no llegó a completarse, está pendiente. El hecho de que los empresarios no paguen por los crímenes traza una línea de impunidad que llega hasta la actualidad de manera clara a partir de la continuidad de la explotación extrema. 

–¿Hallan un vínculo entre la negativa a avanzar en el proceso de Justicia por delitos de lesa humanidad contra los civiles y las condiciones que vive el país desde la llegada de Cambiemos? 

A. C: –Es claro que el gobierno tiene la convicción de obstaculizar el avance de las causas por delitos de lesa humanidad y que lo hace desfinanciando las oficinas estatales de derechos humanos. A su vez, el Poder Judicial ha demostrado, salvo contadas excepciones, que no es independiente de estas líneas que marca el Ejecutivo. Esto se da especialmente en las causas que involucran a civiles y a empresarios más que nada porque existe una comunidad de intereses que se expresa del modo más crudo en la presencia en el gobierno de sectores empresariales vinculados con la dictadura. Quizás el caso más emblemático es el de Nicolás Massot, pero no es el único. Esto tiene su relato en la política económica y social del gobierno, y también en su ofensiva contra las organizaciones sociales y sindicales opositoras. Las medidas regresivas que se están adoptando tienen mucho que ver con las que se tomaron en el marco de la última dictadura e implican una redistribución del ingreso brutal en detrimento de los trabajadores.