El ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, tildó de “terroristas” y “delincuentes” a los manifestantes de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia. La comunidad mantiene desde hace dos años una disputa por las tierras adquiridas por el grupo Benetton, que reclaman como propias. 

El martes a la noche, la Gendarmería y la policía provincial atacaron la comunidad en el departamento de Cushamen, con un saldo de varios heridos –dos de gravedad- y al menos diez detenidos. El gobernador Mario Das Neves, añadió que "hace tiempo en Chubut hay un grupo de violentos que no respetan las leyes, ni la Patria, ni la bandera y agreden permanentemente a cualquiera”

“Son delincuentes, no es un grupo que pelea, como lo vienen haciendo muchas comunidades desde hace muchos años por sus derechos”, dijo Durán. Al mismo tiempo, el funcionario acusó a los mapuches de Pu Lof de provocar disturbios y así intentó justificar la  fuerte represión policial, que fue condenada por gran parte del arco político y Amnistía Internacional.

Según la versión del Gobierno, difundida por sus voceros, el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) ocupa desde marzo de 2015 parte de una de las estancias de la empresa Tierras del Sud SA, perteneciente al grupo multimillonario Benetton. 

Sin embargo, la comunidad en conflicto no pertenece a la RAM –aunque sí uno de los referentes detenido y herido, Fausto Huala- sino al Movimiento Autónomo del Puelmapu (MAP), que nuclea diversos lof (comunidades) en Chubut, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires y La Pampa.

Las mismas fuentes gubernamentales intentaron ligar a este grupo con una web, paismapuche.org, y la supuesta reivindicación de actos de sabotaje, ataques a poblaciones y quema de vehículos. Lo cierto es que esa web no remite a una ninguna acción ocurrida ni en Chubut ni en la Argentina, sino en la República de Chile. El Gobierno también intentó minimizar el apoyo del resto de las comunidades mapuches al conflicto de Pu Lof. “Hemos dialogado –aseguró Durán- con integrantes de la comunidad (aborigen) y para nada avalan" este conflicto. 

Soraya Maicoñia, referente de Pu Lof, desmintió al funcionario e indicó que el gobierno provincial lleva a cabo una “campaña de difamación utilizando a algunos mapuches que traicionaron a su pueblo. La mayoría de las comunidades apoyan al MAP y sus luchas. Nosotros no atacamos a nadie, sino que nos defendemos y nos sentamos a hablar de igual a igual con el gobierno, no somos menos que nadie”, agregó.

Con la excusa de que era necesario liberar una parte de las vías del tren turístico La Trochita, Gendarmería y policía provincial desalojaron el martes ese piquete, por orden del juez federal de Esquel, Guido Otranto. La represión contra esta comunidad continuó y se agravó el miércoles por la noche, cuando la Infantería provincial disparó contra integrantes de Pu Lof y dejó varios heridos, dos de ellos de gravedad. 

Según contó Maicoñia, la “represión por parte de la Infantería fue completamente ilegal, no tenían ninguna orden. Entraron tirando a matar, nos quieren amedrentar. Estamos dispuestos a defender la tierra”. Para Durán, en cambio, los incidentes comenzaron luego de que un “grupo de integrantes del lof empezara a apedrear el vehículo" policial.

Amnistía Internacional expresó “máxima preocupación ante la magnitud de los hechos y los preocupantes antecedentes en relación a los ataques contra la comunidad mapuche”. 

Siete manifestantes fueron liberados

Los abogados de los mapuches recusaron “por discriminación" al juez José Luis Colabelli, quien debía decidir el destino de siete de los diez detenidos. La cercanía entre el Poder Judicial y económico de la provincia quedó al desnudo tras conocerse que la esposa de Colabelli, Gladys Carla Rossi, es la responsable del consulado de Italia en Esquel, es decir la responsable de velar por los intereses del empresario textil italiano Luciano Benetton, según denunció María del Carmén Verdú, titular de la Correpi.

Si bien el juez que se hizo cargo de la causa, Hernán Dal Verne, declaró legal y constitucional la detención de los manifestantes, la defensa logró que fueran liberados tras aducir la existencia de "riesgo procesal".  

Durante la audiencia en la que se discutió esta cuestión, se escucharon relatos como el de Ivana Henelaf, quien fue víctima de abuso policial y discriminación. Según contó el abogado Carlos González Quintana, integrante de APDH, la mujer "ingresó menstruando al calabozo, los policias advirtieron eso... Uno le dijo `tomate tu propia sangre india sucia`. Cuando dos mujeres mapuches declararon en la sala de audiencia y contaron las vejaciones, las humillaciones, los golpes, el maltrato y el racismo que sufrieron, un policía que custodia la seguridad de la sala (de origen mapuche) rompió en llanto y se tuvo que retirar".