La Asociación de Abogados de Derecho Indígena, la Comisión Provincial por la Memoria, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y el CELS presentaron un petitorio ante el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, por los tres violentos operativos contra la comunidad mapuche Lof Cushamen, en Chubut, por parte de la Infantería provincial y la Gendarmería Nacional. Los organismos solicitaron al ministerio nacional que adopte "medidas urgentes de protección, investigación y sanción" y que "se abran canales de solución política del conflicto territorial".
En la presentación, los organismos destacaron que los operativos de las fuerzas de seguridad que pusieron en riesgo la vida de los integrantes de la comunidad Lof Cushamen "son expresión de un Estado federal que no estuvo dispuesto a resolver el conflicto territorial de fondo y alimentó, en cambio, su abordaje represivo", y recordaron que "el Estado nacional estaba participando de la mesa de negociación abierta por el bloqueo de las vías del Viejo Expreso Patagónico".
"El gobierno nacional considera que el tipo de conflictos como el que protagoniza la comunidad mapuche son amenazas para la seguridad de la Nación y los asocia con actividades terroristas", denunciaron. En el petitorio se subraya que en el informe de gestión del Ministerio de Seguridad de la Nación de agosto de 2016 "los reclamos de los pueblos originarios por sus tierras ancestrales no constituyen derechos constitucionales sino delitos federales, ya que ellos se propondrían `imponer sus ideas por la fuerza´”.
En el mismo informe, el ministerio de Bullrich atribuye a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) “hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños, amenazas en las provincias de Chubut y Río Negro” y sostiene que que la “problemática mapuche” consiste en que “se arman comunidades” y “se toman tierras en zonas petroleras o gasíferas impidiendo constantemente la normal explotación de los pozos”.
Los organismos advierten que "en esta misma línea, hoy el ministro de Gobierno de la provincia de Chubut, Pablo Durán, declaró que los integrantes de la RAM son “un grupo terrorista, de delincuentes”.
En el escrito, también sostienen que ante la orden del juez federal Otranto de desalojo del territorio, cuya propiedad se disputan la empresa trasnacional Benetton y la Comunidad de Resistencia Mapuche, la intervención violenta de la Gendarmería Nacional generó que la provincia de Chubut se sienta habilitada a intervenir ferozmente.
"Las causas penales abiertas para criminalizar los reclamos mapuches son los desencadenantes de las tres represiones sufridas por la Comunidad en estos últimos días. Hay un hilo conductor entre la idea discriminatoria de que los indígenas son una amenaza terrorista, el desprecio a los derechos de los pueblos indígenas, la actuación ilegal de las fuerzas de seguridad y la persecución criminal a sus líderes", denunciaron.
Por eso, los organismos solicitaron que "los integrantes de la comunidad Lof Cushamen deben ser protegidos" y señalaron que "los sucesos de los últimos meses evidencian un especial ensañamiento por parte de las fuerzas de seguridad contra quienes promueven y sostienen el reclamo territorial y comunitario".
