“Desde hace poco más de dos años vivimos tiempos peligrosos para el ejercicio de los derechos, para el reclamo y la protesta, para opinar públicamente de forma crítica hacia el Gobierno. Son peores aún para defenderse de las injusticias llevadas adelante por miembros del Poder Judicial”, leyó Estela de Carlotto el documento que presentaron las Abuelas de Plaza de Mayo, las Madres de Línea Fundadora y otros organismos de derechos humanos, como parte de una campaña de denuncia sobre “el estado de excepción permanente” instalado por el macrismo y su brazo judicial. Anunciaron así que acudirán a las Naciones Unidas, la OEA, el Vaticano y el parlamento europeo para advertir sobre las graves vulneraciones al Estado de derecho. En lo local, la primera medida será un pedido de audiencia a la Corte Suprema de Justicia, para recorrer después los bloques parlamentarios, iglesias y representaciones diplomáticas.
El anuncio fue hecho en la sede de las Abuelas. En el salón destinado a las ruedas de prensa, al mediodía se reunieron representantes de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Hijos Capital, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y otras organizaciones.
Estela de Carlotto, en el centro de la mesa, tenía sentada a la derecha a Lita Boitano. “A cada presentación de documentos la vamos a acompañar con el cuerpo”, anticipó la dirigente de Familiares. Hijos y nietos recuperados se ubicaron en una segunda fila, parados. El micrófono circuló, sobre todo, entre los que integrantes de los organismos que reunían además la condición de abogados.
Hablaron de una propuesta al mismo tiempo “de trabajo, de denuncia y de convocatoria” abierta a la sociedad. El documento redactado en conjunto alude a dos grandes temas: la represión como modo de imponer un modelo económico de desigualdad y la persecución judicial a los opositores políticos.
Ni en el texto ni en el encuentro con los medios se habló de causas judiciales específicas, pero las descripciones fueron elocuentes: “La aparición de la figura del supuesto arrepentido hace desaparecer cien años de derecho penal. Ya no importa la prueba sino la confesión, que está vinculada con el carácter inquisitorial de una Justicia que aplica además una doble vara, porque el que dice lo que el juez quiere oír se va a su casa y el que no, queda adentro”, planteó José Schulman, el titular de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, en alusión a la causa de los cuadernos en la que el juez federal Claudio Bonadio se prepara a procesar a la ex presidenta Cristina Kirchner.
Otros elementos marcados en el texto como recurrentes en la anulación de las garantías constitucionales fueron: “inversión de la carga de la prueba, vulneración del principio de inocencia, condena sin juicio previo, abuso y distorsión de la prisión preventiva, doble estándar en el acceso a la Justicia y violación sistemática del debido proceso”.
Los organismos advirtieron también sobre “las política de miseria” promovidas por el gobierno nacional y el uso de la represión para imponerlas, con todo lo que viene de la mano: el avance de la violencia institucional, la habilitación de las Fuerzas Armadas para actuar en asuntos de seguridad interior, el aumento de los casos de gatillo fácil, la militarización de zonas de frontera y de los territorios habitados por las comunidades originarias. “En este sentido”, apuntaron, “seguiremos denunciando la persecución al pueblo mapuche en la Patagonia y la criminalización de la protesta en todo el territorio argentino”, indicaron.
Si en lo internacional el recorrido de trabajo pasa por Naciones Unidas, la OEA, el Vaticano, y el Parlamento europeo, la idea en lo local es entrevistarse con representantes de la Corte, el Congreso y las iglesias, “tal como lo hicimos hace 40 años”.
Los referentes ya pidieron, a principios de agosto, una audiencia con el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para plantear las vulneraciones al Estado de derecho. El pedido no fue contestado. Ahora insistirán, a la manera de una primera acción de la campaña, con la intención de llegar a un encuentro con el pleno del máximo tribunal. Y el jueves se reunirán con Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal.
Participarán de la campaña también la Asociación Buena Memoria, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, la APDH La Matanza, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte y los Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.
