La causa Guerrieri III se retomará en la segunda semana de febrero, con unos 20 testigos de la acusación, y un puñado de las defensas. Para la segunda semana de marzo podrían comenzar los alegatos en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal número 1, a cargo de José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría. El debate comenzó en octubre pasado, y desfilaron decenas de testigos de la acusación, que dieron cuenta, por ejemplo, de la desaparición de Fernando "Pipa" Agüero, uno de los cautivos en el centro clandestino de detención Quinta de Funes, como así también de las desapariciones de Juan Carlos Gesualdo, Rubén Flores y Ernesto Traverso. En esta causa se investigan delitos de lesa humanidad contra 47 víctimas, de las cuales 24 están desaparecidas. Los acusados son cinco militares y cinco Personal Civil de Inteligencias, de los cuales el único que se enfrenta por primera vez a juicio es Rodolfo Isach, que estuvo prófugo hasta 2012.

"Es importante  que se siga haciendo justicia ante atrocidades cometidas en la última dictadura. Seguimos junto a compañeros buscando verdad, instalando memoria y exigiendo justicia", consideró Ramón Verón, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, quien dio testimonio en el juicio por la desaparición de Agüero, en la audiencia del viernes 16 de diciembre pasado, el mismo día que declararon María Amelia González, que era la esposa de Traverso y Tupac Puggioni, hijo de Gladys Porcel, la pareja de Agüero.

En la causa se juzga a diez ex integrantes del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército. La acusación está a cargo de la Unidad Fiscal de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, a cargo de Adolfo Villatte. Los querellantes son la ex diputada Alicia Gutiérrez, su hijo Eduardo Leandro Toniolli, Fernando Dussex, Sebastián Alvarez, Sabrina Gullino Valenzuela Negro, Pablo Del Rosso, Ignacio Laluf y María Rosa White, representados por la Nadia Schujman, abogada de HIJOS. También querella la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por Santiago Bereciartúa.

La Causa Guerrieri III investiga delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, La Intermedia y la Escuela Osvaldo Magnasco de Rosario.

La causa juzga los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y tormentos contra 47 víctimas del terrorismo de Estado.

En este sentido, La Calamita, Quinta de Funes, La Intermedia y Escuela Osvaldo Magnasco, son cuatro de los cinco centros que formaron parte del circuito represivo que estuvo bajo el mando operacional del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, comandado en aquellos años por el coronel Pascual Oscar Guerrieri, y que también incluyó la Fábrica Militar "Domingo Matheu". Los delitos cometidos en ese centro clandestino formaron parte de la causa Guerrieri I, que terminó con condenas a prisión perpetua para Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo. Ahora, también son juzgados Marino Héctor González, Alberto Enrique Pelliza, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach.

Los testimonios de las audiencias de este año se centraron en las víctimas que estuvieron ilegítimamente privadas de su libertad en La Calamita, predio de Granadero Baigorria que pertenecía a la familia Benzadón. Algunos testimonios -como el de Verón- estuvieron referidos a víctimas secuestradas en Quinta de Funes. Sabrina Gullino Valenzuela Negro dio testimonio por la desaparición de su madre, Raquel Negro, embarazada de mellizos cuando fue secuestrada en Mar del Plata, el 2 de enero de 1978, junto a su pareja Tucho Valenzuela. Juntos decidieron desbaratar la Operación México -montada por el entonces Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Galtieri para asesinar a la cúpula de Montoneros- y ella quedó como rehén. Tuvo a sus mellizos en cautiverio, en el Hospital Militar de Paraná, y continúa desaparecida.