La causa por la desaparición de la sanlorencina Paula Perassi está a un paso de llegar a la instancia de juicio. Una vez que se defina la situación procesal del imputado Antonio Díaz ‑chofer del empresario del transporte y principal acusado, Gabriel Strumia‑, el camino estaría abierto hacia una sentencia. Es que hoy se realizará una audiencia oral y pública en la que Díaz apelará la prisión preventiva dictada en su contra por el juez Juan José Tutau. En tanto, en los últimos días antes de la feria judicial el fiscal de San Lorenzo, Román Moscetta, presentó requisitoria de elevación a juicio para los nueve imputados en el expediente. Ahora, resta que la querella haga su acusación; luego, se correrá traslado a las defensas y se espera que a mediados de este año un juez de sentencia comience a trabajar en la resolución.

Cuando desapareció en septiembre de 2011, Paula estaba embarazada de pocas semanas y la teoría fiscal y de los querellantes es que Strumia, que era su amante, la sacó engañada de su casa para que se realice un aborto, ya que no quería que esa paternidad extramatrimonial le causara problemas.

En diálogo con Rosario/12, el fiscal Moscetta dijo que en el pedido de elevación a juicio de la causa solicitó que Strumia -quien era amante de Paula-, su esposa Roxana Michl, Díaz y Mirtha Rusñisky -sindicada abortera- sean condenados por el delito de "aborto sin consentimiento seguido de muerte" y "privación ilegítima de la libertad", ya que a través de un engaño la hicieron salir de su casa aquella noche. La pena máxima para este delito asciende a 15 años, pero podría llegar a 25 por tratarse de una mujer embarazada y por resultado muerte.

En tanto, Moscetta señaló que en su presentación sindicó también a los policías que encubrieron el hecho. Así, también pidió sentencia condenatoria para el ex jefe de la Agrupación Cuerpos de San Lorenzo, Adolfo Puyol y para los policías Jorge Krenz, Gabriel Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez, a quienes les achacó el delito de "encubrimiento agravado por ser funcionario policial".

Sin embargo, este diario pudo saber que en el caso de Puyol, los abogados querellantes, Adrián Ruiz y José Ferrara, pedirán que se le asigne el mismo delito del primer grupo de acusados, ya que tienen pruebas de que a menos de 15 horas de la desaparición de la mujer, Strumia se comunicó con el policía.

La causa tuvo varias idas y vueltas: en septiembre de 2012, el entonces juez Eduardo Filocco, procesó por al empresario de transporte, Strumia, y a su chofer Díaz, ambos acusados de haber llevado a Paula a Timbúes contra su voluntad.

Tras permanecer presos algunos meses, la Sala 1 de la Cámara Penal revocó el procesamiento y ambos recuperaron la libertad. La fiscalía luego elaboró una nueva teoría del caso y en 2015 pidieron la detención de nueve personas: Strumia, su esposa, Díaz, la sindicada abortera, Puyol, Krenz, Godoy, Galtelli y Gómez. Sin embargo, Tutau -quien ya había tomado la causa- ordenó el arresto de todos, menos de Díaz, pese a que había sido reconocido por el mozo del bar de Timbúes donde estuvo reunido con Strumia y Paula el día anterior a la desaparición.

En mayo de 2015, el magistrado procesó a los tres civiles de aborto seguido de muerte y a los policías por encubrimiento agravado.

En agosto de ese año, el camarista Adolfo Prunotto ordenó las libertades en un fallo que recibió críticas hasta de sus propios colegas. Meses después, el juez Carlos Carbone avaló las prisiones.

Por esos días fue detenido Díaz, último de los procesados por el juez Tutau, con dictado de prisión preventiva, que hoy será apelada ante el camarista en feria, Daniel Acosta.

Alberto, padre de Paula, insiste con un pedido desgarrador: "Quiero que me digan dónde están los huesos de mi hija", clama.