La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra) advirtió que “debido a la falta de respuestas ante reiterados reclamos de pago, unos 200 centros de privados de diálisis dejarán desde este sábado de incorporar nuevos pacientes, incluidos en el programa federal Incluir Salud”. La medida afecta a personas de todo el país por una deuda millonaria que mantiene con las prestadoras el gobierno nacional.

“En sendas cartas documento enviadas al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Santiago Ibarzábal, y al responsable del Programa Federal, Pablo Atchabahian, los directivos de Cadra le piden una solución inmediata para evitar consecuencias no deseadas”, señaló la Confederación.

El presidente de la Cadra, Darío Zapata, aseguró que “el desfinanciamiento que hoy sufren los centros de diálisis del país se debe, entre otros motivos, a la insuficiencia del valor del módulo, el desfasaje de los costos de los materiales, el incremento de los honorarios profesionales y sueldos y la demora en el pago de las prestaciones”. 

En diálogo con este diario, el doctor Zapata explicó: “Todos los prestadores estamos en la misma situación crítica. Por eso vamos a seguir con los tratamientos ya iniciados (eso está garantizado), pero nadie tomará nuevos pacientes. Nos reunimos con las autoridades de la Agencia de Discapacidad pero no sirvió. Nos maltrataron, nos dijeron que no van a reconocer la deuda que tienen con nosotros y no dieron ninguna solución. Por eso mandamos la carta, avisando que desde el 1º de septiembre no aceptaremos el ingreso de nuevos pacientes. Lo último que cobramos fue marzo, así que ya arrastramos una deuda de casi 300 millones. A eso hay que sumarle los insumos dolarizados, los tarifazos, la nafta (los traslados de los pacientes también están a cargo de nosotros)”.

“Ya recibimos anuncios de cierre de centros de diálisis, porque no es posible sostenerlos. Los centros agrupados en Cadra atienden a 1100 pacientes y estamos al límite, no podemos afrontar los costos. Pero la diálisis no puede reemplazarse por tratamientos menos onerosos. Y tampoco es opcional: una persona se muere en semanas si sus riñones no funcionan y no se dializa con la frecuencia que su caso requiere. No es algo opcional”, aseguró el doctor Zapata.

Incluir Salud, que pasó a depender desde este año de la Agencia Nacional de Discapacidad, es un sistema de aseguramiento público de salud que garantiza el acceso a los servicios de salud a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de pensiones no contributivas (PNC), entre otros grupos. Es el equivalente del Pami para los pensionados.

En el caso de la diálisis, se firmó un acuerdo por el cual el Estado deriva a los centros privados los pacientes carenciados y les paga por los servicios (las sesiones más el traslado), pero en la práctica el Gobierno nacional no paga desde abril del año pasado. 

El reclamo de Cadra fue acompañado por uno en el mismo sentido de la Cámara Argentina de Servicios y Productos de Terapia Renal. El gerente de la asociación, Enrique Schinelli, explicó: “Nuestra cámara está integrada por tres empresas privadas (Fresenius, Diaverum y Baxter), que prestan el servicio a la Agencia de Discapacidad. Todos los centros cobran lo mismo de parte del Estado (en realidad, todos no cobran, ya que el último pago fue en marzo). Los costos son altísimos. Desde el año pasado no se ajusta el valor del módulo, lo cual ya nos crea un problema económico. A eso hay que sumarle el problema financiero creado por la falta de pago. Nosotros seguimos pagando los sueldos (son más o menos el 40 o el 50 por ciento de los costos), los insumos (están dolarizados, así que en este contexto un atraso de cinco meses es terrible), los tarifazos”.

La cámara también mandó una carta documento a la Agencia de Discapacidad. “No tuvimos respuesta todavía. Por eso las clínicas decidieron continuar los tratamientos ya iniciados, peor no aceptar nuevos pacientes. Sobre todo porque no hay claridad en cuanto a cómo va a continuar esto. Con nosotros el Estado tiene una deuda de alrededor de 500 millones de pesos”, cerró Schinelli.