Una médica y una trabajadora social denunciaron que el municipio de San Miguel realiza persecución ideológica y despide a trabajadoras de la salud “que garantizan los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de la población” de la intendencia. Los casos se conocieron a través de un comunicado de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que advirtió que los funcionarios responsables del área justificaron los despidos de manera curiosa y rayano con lo ilegal. A la trabajadora social Cecilia Ayala, se le informó que a la senadora antiderechos María Belén Tapia le había molestado, en una recorrida por el centro en el que revestía Ayala, observar un cartel de “Ni una menos, vivas nos queremos”, algo que indujo a los responsables a pensar que ella “no estaba ‘a favor de la vida’”. A la médica Carina Luchetti, en cambio, la echaron luego de que denunciara casos de violencia obstétrica; el motivo, le dijeron, fue que el ginecólogo Alejandro Pittaro, jefe del Programa materno Infantil, “no podía trabajar con ella”. Tres meses atrás, en mayo, otra trabajadora social había sido despedida por cumplir la ley y articular para que una paciente que pedía aborto no punible por causal violación pudiera interrumpir ese embarazo. “Esa fue la primera situación y nos alarmó. Hubo maltrato, violencia por parte del director del centro de salud, que la llamo al consultorio y le dijo que era una asesina. Hasta trataron de rastrear a la mujer que había pedido el aborto para convencerla de que no la interrumpa”, contó en diálogo con este diario Ayala, la despedida la semana pasada. 

Consultado por el portal local El Sanmiguelino, el secretario de Salud y Bienestar Familiar del municipio, Pablo de la Torre, desmintió que se tratara de persecución. “No hubo ninguna decisión arbitraria. Fue una decisión de los jefes de servicio y tengo que confiar en ellos y en los directores cuando toman las decisiones”, aseguró De La Torre, militante en contra del derecho al aborto –expuso en las audiencias informativas de Diputados– “en todos los casos”.

La trabajadora social Ayala llevaba tres años coordinando grupos de mujeres en el Centro de Salud Dra. Marta Antoniazzi, del Barrio Sarmiento. El jueves pasado, el subsecretario de Salud Diego Lambert, la convocó a su oficina para informarle que el municipio no iba a renovarle el contrato. “Enfatizó todo el tiempo que esa decisión no tenía que ver con mi desempeño y mi capacidad profesional, que sabía cómo trabajaba, e incluso me ofreció hacer una carta de recomendación”, contó Ayala a este diario. Lambert inclusive le explicó que no iba a exigirle que trabajara el mes entero, aunque se le iba a pagar completo el sueldo, pero Ayala optó por continuar para “hacer cierres con el proceso de trabajo de los grupos”, para no irse de un día para el otro. El cartel que motivó a la senadora antiderechos Tapia a molestarse había sido elaborado por uno de esos grupos de mujeres con los que trabaja Ayala, es decir, mujeres en situación de violencia. “Ese cartel estaba colgado en la sala de espera del Centro de Salud desde hace un año y medio, y fue producto del trabajo del grupo, ellas mismas habían propuesto hacerlo.”

En tanto, la obstétrica Carina Luchetti -con 14 años de antigüedad en el municipio– fue despedida del Centro de Salud Cándido Castelo, de Barrio Cuartel II, luego de realizar denuncias por violencia obstétrica. Cuando le informó el despido, Lambert le explicó que Alejandro Pittaro, jefe del Programa materno Infantil y de una consultoría antiderechos implementada desde mayo en San Miguel, no se sentía cómodo trabajando con ella.