Cuatro personas –dos hombres y dos mujeres- fueron imputadas ayer en el marco de una investigación que dirige la fiscal Mariela Jiménez por las agresiones cometidas contra un grupo de jóvenes que se manifestaban el 7 de agosto pasado a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en la plaza 25 de Mayo de la ciudad de Santa Fe. Se les atribuyó los delitos de lesiones leves, agresión con arma y amenazas, todos agravados por tratarse de un hecho discriminatorio. Otras dos personas no pudieron ser identificadas.
En el marco de las audiencias celebradas ayer al mediodía en la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), los imputados son dos hombres y dos mujeres. Los hombres son F.A.M. de 47 años y D.A.S. de 49; por su parte, las mujeres son M.I.O. de 54 años e I.P. de 26. Además, hay otras dos personas que también habrían cometido los ilícitos, pero aún no fueron identificadas.
Los dos hombres y la mujer de 26 fueron imputados como autores de los delitos de lesiones leves, agresión con arma y amenazas, todo en concurso real y agravado por tratarse de un hecho discriminatorio conforme lo establece la ley 23.592.
Por su parte, la otra mujer fue imputada como partícipe secundaria de los delitos de lesiones leves, agresión con arma y amenazas y autora de encubrimiento agravado, todo en concurso real y agravado por tratarse de un hecho discriminatorio conforme lo establece la ley 23.592.
En las audiencias llevadas a cabo ayer, la fiscal Jiménez detalló que “los imputados agredieron a los manifestantes mediante golpes de puño y mordidas, ocasionándole lesiones leves a una de las víctimas”. También detalló que “esgrimieron baristones en forma amenazante, tomaron de los cabellos a una de las personas que estaban en la plaza y también les dijeron frases intimidatorias con el objetivo de amedrentarlos”.
Jiménez explicó que “los ilícitos cometidos alentaron el odio contra el grupo de personas que estaban manifestándose en un espacio público –entre las que había menores de edad–, por lo cual debe enmarcarse en la ley 23.592 de actos discriminatorios”.
