Por los aportantes truchos de la campaña de Cambiemos, el juez Ernesto Kreplak investiga a la Fundación Pensar, la organización que funcionó como “usina de ideas” en la que se apoyó Mauricio Macri para llegar a la presidencia. La declaración de una de las víctimas, cuya identidad fue utilizada para camuflar aportes electorales de origen desconocido, llevó a la sospecha de que la sede de La Plata de esa fundación podría haber funcionado como proveedora de datos de personas que luego aparecieron como donantes a la campaña electoral. En busca de información, Kreplak allanó ayer la Dirección de Personas Jurídicas en la provincia de Buenos Aires          –una dependencia del gobierno de María Eugenia Vidal– en busca de documentos de la filial y de su responsable, Eduardo Di Marco. Mientras tanto, el juez electoral platense Adolfo Ziulu intenta quedarse con todas las investigaciones vinculadas al financiamiento de las últimas dos campañas en territorio bonaerense. Los denunciantes advierten sobre el riesgo de que se deje de lado el esclarecimiento sobre el origen de los fondos y posibles delitos como el lavado de dinero y asociación ilícita.

Kreplak allanó la dependencia provincial ya que no logró dar con la sede de la Fundación Pensar en La Plata que –todo indica– concentraba parte de la actividad política del PRO en la zona tiempo atrás. Había pedido también información a la Inspección General de Justicia (IGJ), que funciona dentro de la estructura del Ministerio de Justicia, y recibió datos y estatutos viejos, de los años noventa, según pudo saber PáginaI12 por allegados a la causa. El juez reiteró el pedido. En el operativo de ayer, los investigadores se llevaron algunos documentos sobre Di Marco, e intentaron rastrear una nómina con otros participantes. El asunto es sencillo: una de las personas cuya identidad fue utilizada para que figurara como aportante a la campaña de Cambiemos de 2017 había participado en algunas actividades ligadas a la Fundación Pensar, y dedujo que de allí pudieron haber sacado sus datos personales para que figurara aportando plata para las elecciones. Esto agregaría un mecanismo a los ya conocidos: hasta ahora se sabe que muchos de los aportantes falsos son beneficiarios de planes sociales o Asignación universal por hijo y se presume que sus datos personales fueron obtenidos de bases oficiales; otros han sido candidatos a concejales, consejeros escolares y a intendentes inclusive.

En esta causa, que tramita en La Plata, fueron aceptadas como querellantes trece personas que viven en Villa Itatí, en condiciones de evidente vulnerabilidad, que aparecen como aportantes a la campaña de 2017. Esta semana también pidieron ser admitidos en la misma condición tres afiliados a Suteba, que aún no dieron testimonio. Un aspecto de la investigación rastrea quiénes y cómo figuran como aportantes y no lo fueron. El otro, empieza a apuntar al origen del dinero que se canalizó para la campaña electoral. Parte de ese análisis está centrado en un registro que entregó la AFIP de aportantes particulares a la campaña electoral. Se trata de determinar si están vinculados con empresas. En este expediente fue denunciada la gobernadora Vidal y buena parte de su equipo. Se investigan posibles delitos como asociación ilícita y lavado de dinero.

El juez electoral platense, que recibió una denuncia del fiscal electoral porteño Jorge Di Lello, está intentando concentrar todas las investigaciones que están en marcha sobre aportantes. Se declaró competente para investigar. Además de Kreplak, quien tiene a cargo una investigación que atañe a la provincia de Buenos Aires también es el juez federal porteño Sebastián Casanello. Investiga posible lavado, por la denuncia presentada por La Alameda sobre la campaña de 2017 de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich. Este juez mandó a peritar las fichas de afiliación, ya que los aportantes aparecen afiliados, pese a que no hicieron nunca ese trámite. Podría haber falsedad ideológica de documento, en esos casos. Otro tramo de la pesquisa, que apunta a funcionarios de distinto rango que aparecen como aportantes en la Ciudad de Buenos Aires, quedó en manos de Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Federico Delgado, aunque el juez decidió asumir la investigación sin dar pie a medidas de la fiscalía. La pelea de Ziulu es principalmente con Casanello y Kreplak. Un antecedente a favor de ellos, es la causa que tuvo como protagonista a Héctor Capaccioli, por el financiamiento de la campaña del kirchnerismo en 2007 con presuntos fondos de la llamada mafia de los medicamentos, investigado por el fuero penal.

“Es ridículo que la causa que tiene Casanello pase al fuero electoral. Ya tenemos detectado más de 5 millones lavados de las campañas de 2015 y 2017”, dijo Gustavo Vera, titular de La Alameda y ex legislador porteño. El dirigente vincula los aportes “con contratistas del Estado” y anticipa que aportará más pruebas sobre el papel de las fundaciones ligadas a funcionarios macristas. La fundación Pensar fue clave como “think tank” de Macri en la elaboración de estrategias electorales y ha tenido entre sus referentes a Francisco Cabrera y Miguel Braun, y quedó este año a cargo de la diputada Carmen Polledo.

Es posible que detrás de la trama de los aportantes fantasma existan delitos electorales, que prevén como castigo multas o inhabilitaciones. Lo que advierten los denunciantes en las causas penales es que ese tipo de investigación, ceñida al plano electoral, licuaría posibles responsabilidades penales por delitos graves. Luis Alén, abogado de un grupo de querellantes dijo: “Sería una forma de desplazar la atención de los delitos penales y dejar a fuera a la gobernadora Vidal”.