El cura Juan Diego Escobar Gaviria fue el único sacerdote que salió a defender públicamente al sacerdote Marcelino Moya, cuando se lo denunció por abusos en su paso por la parroquia de Villaguay, otra localidad entrerriana, y quien alojó a la madre superiora del convento de Nogoyá, Luisa Toledo, tras ser desplazada de su conducción, a raíz de la causa por maltratos, torturas y privación ilegítima de la libertad contra religiosas de esa orden, iniciada por dos ex carmelitas a mediados de 2016. La causa contra las monjas es otro de los escándalos que le estalló en los últimos meses al arzobispo de Paraná, Juan Puíggari. Además de Escobar Gaviria y Moya, en su jurisdicción está siendo investigado y a punto de ir a juicio oral el cura Justo José Ilarraz, por abusos sexuales a seminaristas del Seminario Menor de Paraná, donde era prefecto, cuando Puíggari era rector del seminario.
Apenas se hizo la denuncia contra Escobar Gaviria, Puíggari lo sacó de la parroquia. El cura estuvo preso con prisión preventiva unos veinte días, pero la justicia de Gualeguaychú le autorizó que permanezca bajo prisión domiciliaria. La Justicia designó al arzobispo como garante de esa medida y dispuso que fuera trasladado a una casa de la Congregación de Servidores de Jesús y de María, en la localidad de Oro Verde, pero el rechazo hacia su presencia en ese pueblo –que se expresó en pintadas en su contra– empujó a que se le buscara un nuevo destino. La última información que trascendió indica que fue llevado a Paraná, a la Asociación Clerical Cruzado del Espíritu Santo.
