El problema no es sólo de los curas pedófilos sino del apoyo y complicidad del poder mediático, económico, judicial, policial y eclesiástico de ayer y de hoy que, en especial en América latina, los protege, avala y en ciertos casos, comparte esos delitos de abuso de poder y sexual. No hay pedofilia sin redes nacionales e internacionales que comparten poder y abuso. Siglos de encubrimiento institucional compartido donde se prioriza la defensa del “sistema de favores compartidos” a la defensa de la víctima, no cambian de un día para otro y por eso es tan importante la denuncia y el hacerlo público. Hay que entrevistar mucho más a obispos y superiores de órdenes religiosas para que expliquen por radios, diarios y programas masivos de comunicación sus repetidos comportamientos donde priorizan la defensa de la institución a la defensa de niños, niñas y jóvenes abusados, priorizan al abusador y no hacen la denuncia a la justicia, trasladan al abusador y no reparan públicamente el daño causado. Hay un “sagrado individual” a desmitificar que impide reflexionar y distinguir entre el carisma institucional y los delitos que esas personas cometen. El traslado de un acusado de pedofilia en la Iglesia Católica no es posible realizarlo sin el consentimiento de la autoridad Católica, sea la de origen, sea la que lo recibe.
La pedofilia es abuso de poder extremo en sociedades patriarcales, jerarquizadas y totalizadoras y no soólo un problema eclesiástico. La enorme mayoría de los especialistas religiosos no lo comparten aunque a veces son cómplices o encubridores por no denunciar los casos que conocen ante la justicia civil.
Que el sacerdote Grassi, procesado y condenado por la justicia de nuestro país por numerosos delitos de abuso sexual hace años, continúe siendo sacerdote católico en pleno ejercicio, muestra continuidades de largo plazo en la Iglesia Católica Argentina y en el Vaticano con el actual papado.
* Sociólogo. UBA - CEIL Conicet.
