Luego del anuncio del gobierno nacional de elaborar un proyecto de baja de la edad de punibilidad hasta a niños de 14 años, el colectivo El Manifiesto Argentino expresó su repudio al “evidente plan de naturalización de la violencia institucional” del “gobierno macrista-radical” y “a la brutalidad de todas las políticas represivas”.

“Desde que balearon a los chicos de una murga del Bajo Flores, en la CABA, y dos días después la ministra Bullrich saludó a los gendarmes involucrados como a héroes de guerra –recordó el colectivo en un comunicado–, quedó claro que este gobierno aplicaría políticas repudiables e inhumanas, y que éstas afectarían especialmente a la infancia y la pobreza”,

El Manifiesto Argentino es un colectivo conformado por personalidades vinculadas a la defensa de los DD.HH., entre ellas Mempo Giardinelli, Roberto “Tito” Cossa, Fortunato Mallimaci, Alejandro Mosquera, Emilce Moler, Noé Jitrik, Adrián Paenza y Tununa Mercado, entre otros.

El colectivo deploró que “desde el gobierno macrista-radical se induce a gran parte de la sociedad a que no entienda que ‘ningún niño nace chorro’”.

Además, denunció que “en la Patagonia policías y gendarmes atropellan y arrastran a niños y madres mapuches en medio de la feroz represión de su reclamo ancestral ante poderosos terratenientes extranjeros amigos del presidente”.

Recordó además “el brutal desalojo, en la madrugada del 5 de enero, del edificio tomado del ex Padelai en el barrio de San Telmo, donde la policía cercó varias cuadras y mediante gases y golpes expulsó a más de 100 niños y 60 adultos que vivían allí precariamente. Esos chicos (algunos bebés) vivieron el día de Reyes más largo del mundo viendo desde la vereda y bajo un calor inhumano cómo se sacaban todas sus pobres pertenencias. Y pasaron luego más de 24 horas frente a una autocalificada ‘Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario’ esperando una solución para su situación de calle que sólo algunas pocas familias consiguieron”.

Deploró también “que los pibes de La Garganta Poderosa, meritorios adolescentes creadores de un medio y una red que visibiliza lo que pasa en sus entornos vulnerables, fueron torturados y siguen siendo perseguidos por las policías.”

“Decenas de miles de Qunitas fueron incautadas con una excusa infame y se pudren en un depósito cuyo alquiler cuesta más de un millón de pesos por mes. Y no sólo no se distribuyeron esos kits: también se discontinuó toda la política de salud para las embarazadas que iba asociada”, recordó el colectivo. También cuestionó que “se deje sin formación gratuita y sin espacio de discusión salarial a los maestros”, y que “este gobierno discontinuó además el programa de Educación Sexual Integral, única vía que aportaba contenidos de prevención de violencia de género en la secundaria.

Además sostuvo que “en el pasado invierno de 2016 aumentó el número de niños y ancianos enfermos y muertos por el frío, ante el aumento del gas y la ausencia del Estado”, y que “madres, padres y tutores jubilados han perdido el derecho a asistir a sus familias con medicamentos gratuitos para patologías crónicas. Las escuelas por primera vez en muchos años no tuvieron recursos para ir a buscar y ayudar a los que dejaban de asistir por falta de abrigo o calzado. Y desapareció la importante política estatal de documentación gratuita.”

Los integrantes del colectivo defensor de los DD.HH. alertaron que “estas políticas”, “seguirán profundizando la exclusión, dejándolos a merced de todo tipo de delincuentes y también de este gobierno desalmado que ahora pretende bajar la edad de imputabilidad ante los delitos. De hecho, está comprobado que la participación de adolescentes en delitos graves es ínfima en todo el país. Por lo tanto, la pretención de bajar la edad de imputabilidad en la agenda pública es un modo más de desviar la atención de los verdaderos problemas que aquejan a la ciudadanía y en particular a niños, niñas y adolescentes”.

Por último, el colectivo rechazó “todo proyecto de penalización de la infancia, y exige la restitución de todos los derechos cercenados a los niños y jóvenes de la Patria, el cese de toda violencia contra ellos, y la implementación de políticas de protección integral. Y también denuncia que la insistencia en la baja de la edad de imputabilidad es un modo de reforzar el aparato represivo del Estado, la selectividad del sistema penal y el control de los jóvenes pobres a través de la criminalización cada vez más temprana y más extendida. Un Estado democrático debe garantizar todos los derechos de la infancia y la juventud en lugar de profundizar las penas.”