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Desde Lima
El fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, ha sido acusado por su propia fiscalía de pertenecer a una “organización criminal” instalada en el sistema de justicia y con nexos políticos dedicada a traficar con sentencias judiciales y con los nombramientos de jueces y fiscales. Desde distintos sectores, incluido el gobierno, se ha exigido su renuncia, pero el jefe de los fiscales, que asumió el cargo en julio, se ha negado a dimitir. Lo respalda el fujimorismo, que controla el Congreso, del que depende la continuidad del cuestionado fiscal.
La denuncia disparó un nuevo capítulo del escándalo de corrupción judicial, con ramificaciones políticas, que sacude el Perú desde que hace poco más de dos meses cuando se revelaron una serie de escuchas telefónicas de un juez de la Corte Suprema .
La explosiva acusación al fiscal de la Nación proviene de su propia fiscalía. La firma la fiscal Sandra Castro, que con esta acusación, basada en las escuchas telefónicas y en testimonios de denunciados convertidos en colaboradores, se ha enfrentado a la cúpula de su institución y ha sido blanco de ataques de sus superiores. Este informe ha sido respaldado y presentado al Congreso por el fiscal supremo y ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, como parte de la sustentación de una acusación constitucional para levantarle el fuero de la inmunidad, destituir y poder procesar al juez supremo César Hinostroza, sindicado como la cabeza de esta red de corrupción judicial. Hinostroza, a quien se le llama “el gran jefe”, fue suspendido de sus funciones cuando los audios filtrados a la prensa revelaron sus oscuras maniobras, pero mantiene su cargo de juez supremo
En un mensaje en tono de amenaza, Chávarry respondió que son los corruptos quienes lo quieren sacar del cargo y se presentó a sí mismo como un luchador contra la corrupción, pero los audios revelados y su trayectoria dicen una cosa distinta. Ocupó un importante cargo en la Fiscalía de la Nación durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000), cuando esta institución fue usada para tapar denuncias de corrupción y de violaciones a los derechos humanos. Luego de la caída de Fujimori fue separado de la Fiscalía, pero volvió durante el gobierno de Alan García (2006-2011). Mientras estuvo fuera ejerció como abogado, y como tal defendió al traficante de armas James Stone, denunciado por pagar más de diez millones de dólares en sobornos al gobierno de Fujimori para venderle armamento. Los llamados audios de la corrupción han puesto al descubierto su estrecha relación con el acusado juez Hinostroza y el interés y las movidas de la organización mafiosa que éste encabezaba para lograr que Chávarry sea elegido fiscal de la Nación. La trayectoria de sus principales defensores es reveladora: entre ellos destacan el fujimorismo y el Partido Aprista del ex presidente Alan García, dos agrupaciones con viejos y estrechos vínculos con escándalos de corrupción, y cuyos líderes tienen investigaciones judiciales en curso.
El fujimorismo también ha tenido una cercana relación con el acusado juez supremo Hinostroza, hoy indefendible. En uno de los audios, Hinostroza habla de una reunión con una “señora K” de “la fuerza número uno”, que pocos dudan se trata de Keiko Fujimori, jefa de Fuerza Popular, primera fuerza del Congreso. Hinostroza debía resolver un pedido de Keiko para que se cierre la investigación que se le hace por lavado de dinero en relación con el supuesto financiamiento ilegal de su campaña electoral. El escándalo estalló antes que eso ocurra. El testimonio de un acusado ha confirmado esa reunión, que Keiko niega. Hinostroza favoreció con una resolución judicial al ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, acusado de lavado de dinero. Tres congresistas fujimoristas han sido vinculados a este escándalo de corrupción judicial y política.
Para el fujimorismo, que defiende a Chávarry y antes intentó hacerlo con Hinostroza, es vital mantener las relaciones que todavía tiene en el sistema de justicia, debilitadas con las revelaciones que gatillaron este escándalo judicial, en momentos que su partido y su jefa, Keiko Fujimori, son investigados por aportes ilegales a su campaña por parte de Odebrecht, según han confesado altos funcionarios de la constructora brasileña. El ex presidente Alan García, también investigado por corrupción, es otro personaje que busca salvar lo más posible sus turbios vínculos con la judicatura para asegurarse salir bien librado de los cargos en su contra.
La impopular defensa que estos sectores hacen del fiscal Chávarry –quien ha abierto una investigación interna al fiscal que investiga a Keiko y a García– para mantenerlo en el cargo, se da en un escenario en el que lo que está en juega ya no parece ser solamente las ambiciones presidenciales de Keiko –el rechazo que despierta se ha disparado a 80 por ciento y con una tendencia a que su popularidad siga cayendo– sino la propia libertad de la hija del ex dictador acusada de corrupción. En situación similar está el ex presidente García. En este contexto, el fujimorismo, con el apoyo de García, se ha lanzado en una guerra contra el gobierno de Martín Vizcarra –cuya aceptación ha subido dieciséis puntos, hasta llegar a 43 por ciento, luego de anunciar un referéndum para reformar el sistema de justicia y prohibir la reelección de los congresistas– y juega a la desestabilización.
