La Justicia porteña acaba de frenar un caso de especulación inmobiliaria especialmente molesto. Hasta nuevo aviso, no se podrá seguir la excavación para construir un masivo, desproporcionado edificio en pleno Casco Histórico de la ciudad. El bodrio en cuestión se llama Astor San Telmo, quiere tomar una cuadra entera de la avenida Caseros entre Bolívar y Perú, y es parte de una familia de torres o cubos particularmente desangelados y faltos de imaginación. En este caso, el Astor del Casco Histórico supera sospechosamente las alturas máximas permitidas y es un serio disruptor de la legislación que protege el entorno de edificios protegidos.

El amparo fue dictado este viernes por el juez Pablo Mantaras, del juzgado  porteño Contencioso Administrativo y Tributario 3. El expediente fue iniciado por Basta de Demoler, la ONG que tantos edificios y espacios porteños tiene salvados, y por los vecinos de Casco Histórico Protege. Como el gobierno porteño últimamente presiona a los vecinos que se atreven a firmar amparos, se hizo necesario que fuera una asociación vecinal la que presentara el caso, con Basta de Demoler aportando su experiencia y el Observatorio del Derecho a la Ciudad asesorando jurídicamente. 

Mantaras vio el completo material que le presentaron los amparistas, que incluía un muy claro render que mostraba los excesos denunciados. El render muestra el proyecto de edificio y marca con colores las jugosas yapas que le permitieron a los privados sus socios públicos. Así, escribe el juez, los 29,30 metros de altura autorizados para construir el bodoque superan los trece autorizados en un sector y los 22 permitidos en otro. El truco, aparentemente, fue “olvidar” que el Area de Protección Histórica de San Telmo impone condiciones especiales y que el enorme lote –un viejo mercado que por muchos años fue estacionamiento– no es un terreno frente a una avenida y listo.

La demanda cuestionó abiertamente la legalidad de estos permisos y señaló la indiferencia de las autoridades hacia el entorno histórico del lugar, abundante en edificios catalogados como patrimonio y a una cuadra del Parque Lezama y el Museo Histórico Nacional. El impacto, de hacerse la obra, será enorme: el terreno tiene más de seis mil metros cuadrados y toma la cuadra de Caseros entera. El diseño del Estudio Aisenson para el comitente TGLT ni se tienta en disimular el paredón de casi treinta metros de altura. Es un murallón sin arte ni parte, perforado con ventanas, indiferente a su entorno tan especial e inocente de todo intento de ser arquitectura.

El amparo acusa a los especuladores y los funcionarios que autorizaron el elefante blanco de infringir las alturas permitidas, diseñar retiros no autorizados sobre Caseros y Bolívar, violar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental especial para un edificio tan grandote y de violar los Derechos Culturales de la Ciudadanía por no respetar las normas del Distrito APH1.

Este tipo de autorizaciones lesivas debería ser investigado penalmente, por lo sistemático. A la ínfima calidad conceptual y material de lo que se construye hoy se le tiene que sumar la voracidad de sacarle el jugo al terreno hasta el último centímetro cuadrado. El estado parece indiferente a este constante problema de ilegalidad porque el macrismo ya demostró largamente que cuida los intereses de la industria desarrolladora en su variante corporativa y especulativa. Sólo los vecinos parecen interesados en frenar la destrucción de sus barrios.

Esto genera una inestabilidad que el nuevo Código Urbanístico, también frenado por la justicia porteña, busca solucionar recortando la capacidad de los vecinos de pleitear para frenar especulaciones. El caso del enorme edificio en la Quinta Roccatagliata –nada casualmente, diseñada por el mismo estudio del Astor– muestra los peligros de confiar en la palabra de funcionarios para invertir millones: el edificio lleva años parados por sus incontables irregularidades.