Desde Brasilia 

Apenas trece horas. Ese fue el tiempo que dedicaron los siete miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE)  a la lectura de la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, antes de impugnar su candidatura para las elecciones del 7 de octubre. Una sentencia “express” fulminante contra el líder preso que parece engarzada a otras medidas de este golpe continuado iniciado con la caída de Dilma Rousseff.

Los abogados lulistas  basaron su alegado en la jurisprudencia local por la cual el TSE ya autorizó a cientos de condenados que disputen elecciones y en la recomendación formulada hace dos semanas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Según la defensa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, invocado por el Comité de la ONU,  tiene fuerza de ley interna dado que fue rubricado en 2009 por el Parlamento brasileño.

El fallo en tiempo record  del TSE  contra Lula fue “otro caso de violencia judicial” denunció ayer la Mesa Ejecutiva de Partido de los Trabajadores (PT). Paralelamente Fernando Haddad, el vice de la fórmula petista, viajó a Pernambuco donde reiteró que el líder preso sigue siendo candidato a la presidencia a pesar del fallo de TSE. Este lunes Haddad se reunirá con Lula en la superintendencia de la Policía Federal en Curitiba para diseñar los próximos pasos en esta guerra de posiciones.

 Durante aquellas trece horas trabajo a paso redoblado de los jueces, iniciadas minutos antes de la medianoche del jueves, los miembros del TSE además de leer (en la madrugada) las  doscientas páginas de la defensa  redactaron pareceres extensos justificando el veto del candidato a quien la encuestadora Datafolha acaba de ubicar primero con el 39 por ciento a veinte puntos de distancia de su principal adversario Jair Bolsonaro.

El juez Roberto Barroso, instructor del caso, “atropelló los plazos porque en Brasil hay un sistema legal para los poderosos y otro de excepción para Lula (...) esto es una casación política basada en arbitrariedades como ocurría en la dictadura”, cargó la Ejecutiva del PT.

Por cierto los expedientes del aspirante a la presidencia y capitán retirado del Ejército Bolsonaro son analizados sin la urgencia aplicada al jefe petista arrestado en una celda en la que está prohibido grabar videos para su campaña proselitista. Las anomalías judiciales son evidentes.

El martes pasado el  Supremo Tribunal Federal incluyó en su orden del día una denuncia por racismo contra Bolsonaro que había recibido hace cuatro meses, a partir de dichos del ex capitán realizados el abril del año pasado.  Al promediar esa sesión del martes uno de los jueces de la más alta Corte solicitó vistas para analizar la denuncia contra Bolsonaro - que también tiene un proceso por incitación al estupro-  con la debida parsimonia.

La sesión urgente del TSE del viernes que impugnó a Lula coincidió con el segundo aniversario del la caída de Dilma Rousseff víctima de  un golpe de Estado al que puede definirse provisoriamente como “híbrido” , adjetivo que remite a ciertas semejanzas con las conjuras ocurridas en países árabes a partir de protesta espontáneas posteriormente capitalizadas por sectores de los  poderes judicial, financiero y mediático  bendecidos, o consentidos,  por Washington.

El caso brasileño también tiene sus puntos de contacto con las destituciones de presidentes latinoamericanos como el hondureño Manuel Zelaya en 2009 o el paraguayo Fernando Lugo, en 2012. Una de las particularidades observadas en Brasil es el  efecto retardado consistente en voltear a Dilma para instalar un régimen tapón, el de Michel Temer, a fin de imposibilitar el retorno de Lula en los comicios del mes que viene.

En esa estrategia se daba por cierto que una vez preso.  el ex tornero mecánico se deshidrataría políticamente y, con él se iría a pique  el PT luego de la pésima perfomance del partido en los comicios municipales de octubre de 2016.

Sin embargo no se confirmó la debacle anunciada del “lulopetismo”,  una expresión acuñada por la prensa más radical de derecha. Las encuestas  demostraron que Lula creció el nueve por ciento en las dos últimas mediciones de Datafolha, la más reciente de las cuales indicó que el PT tiene el  por 24 ciento de  adhesiones, número superior a la suma de los otros partidos con aspiraciones reales de victoria.

Ese apoyo de Lula y, en menor grado del PT, son el activo con el que se espera catapular al ex alcalde de San Pablo Fernando Haddad,  como posible candidato cuando se acaben las apelaciones ante la Justicia. La apuesta es que Haddad logre un lugar en el balotaje del 28 de octubre probablemente contra Bolsonaro, en un duelo de resultado imprevisible. Esa eventual disputa Haddad-Bolsonaro será no sólo entre un candidato de izquierda ay otro de derecha. También representará un choque entre el  retorno a la democracia y la deriva hacia una dictadura encubierta legtimida por los votos.