El presidente Mauricio Macri participó de la reunión entre rectores universitarios y el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Se presumía que el gesto apuntaba a distender, abrir el diálogo. El cónclave resultó un fiasco según comentan varios de sus participantes.

Los reclamos de los rectores son sencillos, muy difíciles de rebatir. La continuidad de obras de infraestructura, suspendidas de un plumazo. La provisión de equipamiento educativo, tan básico como compus y libros. La ejecución estricta del presupuesto 2018, consumido por la inflación, remesado con demoras de meses. La actualización de las becas para estudiantes. Y el cierre, de una buena vez, de los acuerdos salariales de este año, que ingresa en el último cuatrimestre.

Macri delegó este último ítem a Finocchiaro y denegó todos los demás.

Explicó, en el tono de letanía del discurso por cadena oficial, que “estamos quebrados”. No se captó bien si se refería solo a las arcas estatales o también al estado de ánimo del staff gubernamental. “Cuando llegué era el presidente de moda. Me dieron 50.000 millones de dólares, ahora pido 12.000 y no me dan”, se autocompadeció. 

El monólogo fue breve, no abrió juego a respuestas, estrechó la mano uno por una a quienes participaban, hizo mutis. No habilitó ventana de esperanza para el año próximo ni incurrió en el clásico repertorio de chistes futboleros o remembranzas de timbreos. 

Finocchiaro tradujo la única consigna positiva al modo Cambiemos: pospuso la reunión paritaria concertada para anteayer.

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Rectora y rectores emitieron una declaración titulada “El ajuste en las Universidades” (www.pagina12.com.ar/138768-el-ajuste-en-las-universidades).

No tiene desperdicio, merece leerse íntegra, recordemos sus párrafos de cierre: (…) Los pagos por los servicios de la deuda compiten con otras inversiones estratégicas del sector público. Así es que en términos de la relación deuda-presupuesto universitario, en 2016 se pagaron en servicios de deuda, el equivalente a 4.8 presupuestos universitarios, 3,6 en 2017 y probablemente sean 4 en 2018. 

Por estos motivos, en el año del Centenario de la Reforma Universitaria, quienes estamos al frente del gobierno de las universidades nos oponemos al ajuste que se lleva adelante sobre el sector educativo y, en particular, sobre las Universidades Públicas. Sostenemos con convicción que la Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber indelegable del Estado.

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Tras el encuentro es posible concluir que las afirmaciones de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal sobre la relación entre los jóvenes pobres y la Universidad no constituían un diagnóstico sino una premonición. Tal vez, un proyecto educativo, coherente con un modelo de país.