El peronismo se prepara para resistir el ajuste extra que el martes el gobierno de Cambiemos pactará con el FMI. El mismo martes, los gobernadores realizarán una nueva reunión en el CFI en la que continuarán la discusión de un presupuesto alternativo al que maquina el Poder Ejecutivo, más pensado en ampliar los ingresos que en generalizar los recortes. Por su parte, el PJ Bonaerense emitió un documento expresando la necesidad de la declaración de una emergencia en cuatro ámbitos –alimentaria y sanitaria, laboral, educativa y en seguridad– que harán aprobar en sus municipios y llevarán durante la semana a todos los ámbitos legislativos como manera de afrontar una crisis cuyas consecuencias son cada vez más palpables en el GBA.

Los gobernadores se entusiasmaron con la idea de convertirse en el germen de la unidad opositora durante el encuentro que mantuvieron el miércoles pasado, motorizado por el tucumano Juan Manzur y el pampeano Carlos Verna. A la convocatoria se les sumaron el triunvirato de la CGT, el jefe del bloque de senadores Miguel Ángel Pichetto y el reaparecido Sergio Massa. Discutieron algunas propuestas para un proyecto de presupuesto que debería incluir las retenciones a las exportaciones (algo que ya acepta el propio macrismo), suspender la rebaja al impuesto a las ganancias de las empresas y aumentar el impuesto a los bienes personales a quienes posean un patrimonio mayor a los cinco millones de dólares, ya sea en bienes aquí o en el exterior. También una fuerte poda de cargos jerárquicos en el Estado. En contrapartida, avisaron que no avalarán recortes en Educación, Ciencia y Técnica, ni los fondos destinados a inversión pública en provincias y municipios, ni que se congelen salarios y jubilaciones. 

“Hay que cumplir las metas pero de otra manera a la que dice el Gobierno, que defiende a las grandes empresas y a los que tienen su plata en el exterior”, fue la conclusión de los gobernadores. Con esas ideas, argumentaron, cumplirían con el 1,3 por ciento de déficit pactado con el FMI. Pero las versiones indican que, en contrapartida al adelanto de fondos, el Gobierno se comprometerá a un ajuste mayor, de otros 100 mil millones. Los gobernadores planean sumar el martes a los colegas que no estuvieron en el encuentro de la semana pasada, varios de ellos de la línea más dialoguista con el Ejecutivo como el cordobés Juan Schiaretti, el salteño Juan Manuel Urtubey o el entrerriano Gustavo Bordet. También más legisladores, algo lógico dado que el proyecto se debatirá en el Congreso. Lo que no estará claro es qué sucederá con el kirchnerismo. Hasta ayer, nadie había invitado al jefe del bloque de diputados del FpV-PJ, Agustín Rossi. Aspirante a la presidencia, Rossi es de la idea de rechazar cualquier presupuesto que implique un ajuste, lo que hará difícil un entendimiento con la propuesta de los gobernadores. A quien sí le cursaron una invitación fue al sanjuanino José Luis Gioja, pero no en su condición de presidente del PJ sino de vicepresidente de la Cámara de Diputados. Igual, Gioja avisó que su presencia estaba atada a que pudiera conseguir un vuelo para el martes.

En estas diferencias se ven también los distintos alineamientos políticos. En los pasillos del CFI se conversó con entusiasmo sobre la candidatura presidencial del ex ministro Roberto Lavagna –Manzur y los hombres de la CGT se habrían expresado en ese sentido–, a quien veían acompañado de Massa como candidato a gobernador bonaerense. Obviamente, ese armado no contempla al kirchnerismo, ni el kirchnerismo quiere avalarlo.

Como dato adicional al endurecimiento de la posición de los gobernadores vale añadir la situación de los mandatarios patagónicos, en pie de guerra desde que el Gobierno eliminó de manera sorpresiva los adicionales por zona desfavorable, una idea que finalmente debió dejar de lado pero que ahora volvería con el nuevo recorte. La fueguina Rosana Bertone, hasta hace poco en la línea dialoguista, estuvo la semana pasada en el CFI y ahora se ubica en la tribuna confrontativa. Similar recorrido realizó el chubutense Mariano Arcioni, quien en la reunión en la CFI anunció que había presentado una demanda al Estado Nacional ante la Corte Suprema por la eliminación del Fondo Sojero. La santacruceña Alicia Kirchner presentó una demanda similar unos días antes.

En la Provincia también

La crisis económica y sus consecuencias social también encendió las alarmas en el PJ Bonaerense que encabezan los intendentes Gustavo Menéndez y Fernando Gray. La reunión mensual ordinaria que tenían prevista para el viernes pasado se convirtió en extraordinaria con varios invitados especiales como los sindicalistas Hugo Moyano, Ricardo Piganelli y Omar Plaini, el diputado Felipe Solá y las jefas de los bloques legislativos provinciales Teresa García y Florencia Saintout. Se hizo un crudo análisis de la situación y, en especial, del agravamiento de la situación social en el Conurbano, el principal termómetro de cada crisis.

En definitiva, un grupo se quedó para redactar un documento final del encuentro en el que se planteó la declaración de la situación de emergencia en varios rubros. El principal es en el área “alimentaria y sanitaria”. Los municipios realizan sus pagos a 30 días y notan que muchos proveedores ahora no garantizan el suministro, dada la brusca devaluación y consecuente inflación. Esto afecta la atención de comedores y hospitales municipales, lugares a los que acuden los sectores más necesitados. “Asegurar el acceso a los alimentos, los medicamentos e insumos hospitalarios de primera necesidad poniendo en marcha una red nacional de solidaridad en Emergencia, garantizando la participación de todos los niveles de gobierno”, plantea el punto uno del documento distribuido el viernes a la noche. 

También plantea la declaración de la emergencia laboral, educativa y de seguridad, la restitución del Fondo Sojero para permitir la continuidad de las obras públicas en marcha y la vuelta atrás con los últimos aumentos de tarifas y de combustibles. La idea de los intendentes es aprobar durante esta semana las emergencias en los municipios que gobiernan y presentarla en los concejos deliberantes en los que son oposición. También las llevarán a las Cámaras legislativas. El desafío, explicaban, era que el peronismo no apareciera hostigando a un Gobierno que se encuentra en un momento límite, pero tampoco desentendiéndose de la situación social que afecta a una gran parte de la población.