Hoy se conocerá la sentencia contra Julieta Silva, acusada de atropellar y matar a su novio, el rugbier Genaro Fortunato, el 9 de septiembre del año pasado después de salir del boliche La Mona, de San Rafael, en la provincia de Mendoza. El tribunal colegiado de San Rafael podría condenarla a 20 años de cárcel.

La semana pasada, el fiscal de la causa, Fernando Guzzo, solicitó la pena de 14 años de prisión. Silva está acusada por los delitos de “homicidio culposo agravado” y “homicidio simple con dolo eventual” y llegó a juicio oral cumpliendo prisión domiciliaria. En los alegatos, Guzzo sostuvo que Silva cometió el crimen bajo “emoción violenta”, calificación que reduce la pena. Por esta razón, solicitó al tribunal que, al momento de dictar la sentencia, la acusada “deje de manera inmediata los alcances de la prisión preventiva en la modalidad domiciliaria y ordene la internación en un establecimiento carcelario”.

Un medio mendocino consultó al fiscal acerca de por qué alegó emoción violenta cuando no había figurado en la acusación en ningún momento de la causa. Según Guzzo, “existió, es lo que súbita y repentinamente altera el ánimo de Silva y como consecuencia de ello arrolló a Fortunato. No hay forma de saber cuál fue el detonante que genera en Silva la emoción violenta, podemos tener muchas especulaciones, pero de ninguna manera vamos a saber con certeza la decisión que motivó que volviera con decisión de arrollarlo”.

Por su parte, el abogado querellante Tíndaro Fernández, representante de la familia Fortunato, le pidió al tribunal que condene a Silva a prisión perpetua por homicidio agravado debido a que la víctima y la acusada habían sido pareja. Luego, solicitó 20 años de cárcel con prisión efectiva, en caso de que el tribunal se incline por considerar que hubo homicidio simple con dolo eventual. Al igual que Guzzo, solicitó que a la imputada se le revoque la prisión domiciliaria.

Alejandro Cazabán, el abogado defensor, pidió que Silva sea absuelta y acusó a la fiscalía de haber actuado “de mala fe y de manera ilegal”. Además, sostuvo ante el tribunal que le pareció “una falta de respeto” que el Ministerio Público Fiscal haya pedido sumar el agravante del vínculo cuando “ya habían declarado todos los testigos”. El letrado opinó que, dadas estas irregularidades, “habría que repetir todo el proceso”. “Se ha criticado mucho a Silva como conductora y como mujer, en su vida personal. El dolo debe ser probado con certeza absoluta. Lo único que he escuchado son pareceres, en los testigos y en los alegatos”, afirmó Cazabán.

El 5 de octubre, el Cuerpo Médico Forense le practicó peritajes psicológicos a Silva con peritos de parte. “Los peritos de la querella dicen que tiene una personalidad inmadura, escasa capacidad de autocrítica y empatía. Tiende a la exageración, a la búsqueda de atención y, según los test proyectivos gráficos surge: impulsividad, irritabilidad, tendencia a impulsos agresivos y hostiles, inestable en sus relaciones personales”, señaló Guzzo.

El 9 de septiembre del año pasado, Silva y Fortunato habían ido al bar La Mona en la localidad mendocina de San Rafael. Esa madrugada, la pareja se fue del lugar después de haber mantenido una discusión. Según la investigación, ambos estaban alcoholizados. Fortunato tenía 1,8 gramos de alcohol en sangre, mientras que Silva tenía 0,8. Al salir del bar, Silva se subió al auto y Fortunato habría intentado detenerla y por eso cayó al piso.

De acuerdo a la explicación que brindó Andrea Rossi, la primera fiscal del caso, Silva manejó 150 metros, giró en U y volvió al bar para devolverle el celular a Fortunato porque estaba dentro de su cartera. Es así que atropelló a Fortunato, quien no habría alcanzado a levantarse del suelo. Cuando declaró ante Rossi, Silva aseguró que no había querido atropellar a Fortunato. “Pensé que había pisado un pozo”, afirmó la joven. También dijo que un cuidador de coches le señaló lo que había hecho y que ella llamó al 911 inmediatamente. La joven sostuvo que se quedó dentro de su auto en estado de shock.

Silva, que es dueña de un local de ropa y tiene dos hijos varones menores de edad, podría recibir del Tribunal integrado por los jueces Rodolfo Luque, Julio Bittar y la jueza María Eugenia Laigle una pena 14 años, tal como lo solicitó el fiscal, o de 20, como lo pidió la querella.