Mientras continúa por vía judicial el conflicto en torno a la presencia de asbesto en los subtes porteños, un material cancerígeno cuyo uso está prohibido en el país desde 2001, y del que ni el gobierno porteño ni Metrovías se hacen cargo, la fundación Soberanía Sanitaria alertó, a través de un informe, que la mortalidad por exposición a esta fibra mineral viene aumentando desde hace al menos 36 años, que es el tiempo promedio de latencia entre la exposición a la sustancia y el desarrollo de la enfermedad, convirtiéndola en un relevante problema de salud pública. El sanitarista y presidente de la fundación Soberanía Sanitaria, Nicolás Kreplak, explicó que “el problema del asbesto, a diferencia de otros cancerígenos como el cigarrillo, que si se deja de fumar, con los años, las posibilidades de contraer una enfermedad disminuyen o se igualan a las del no fumador, el asbesto que se introduce en las vías respiratorias nunca se metaboliza y siempre es cancerígeno”, y remarcó que el Gobierno de la Ciudad “debería motorizar la investigación en los vagones de subte y no acallar la situación como lo está haciendo”.

El informe de la fundación detalla que según un estudio reciente, entre 1980 y 2013, se identificaron 3.259 defunciones por mesotelioma en el país. En 1980 se identificaron 64 defunciones, número que se triplicó llegando a 177 en 2013. La mortalidad entre los hombres pasó de 4,1 por cada millón de habitantes en 1980 a 7,5 en 2013; y entre las mujeres, de 2,5 a 3,9 en el mismo período. La diferencia parece resultar de la mayor prevalencia de exposición ocupacional al asbesto entre los hombres, que en mayor proporción estuvieron expuestos muchos años antes de ocurrida la defunción.

Kreplak explicó a este diario que “al tener un tiempo de latencia muy largo el desarrollo de las enfermedades se hace difícil el diagnóstico, por eso se utiliza como indicador la mortalidad por mesotelioma”. El largo período de incubación también explica el aumento de las estadísticas actuales, “las muertes van aumentando porque son acumuladas. Lo que vemos son el resultado de los años de exposición a la sustancia, que aparece 30 años después”, señaló el sanitarista. 

El asbesto se volvió un problema visible cuando a principio de año se detectó el material en los vagones CAF 5000, que circularon entre el año  2013 y parte del 2017, que había comprado Mauricio Macri, cuando era jefe de gobierno porteño, al Metro de Madrid, donde estalló un escándalo por casos de cáncer de trabajadores expuestos a la sustancia.

En julio pasado, el asbesto volvió al centro de la escena local cuando un estudio reveló que otras formaciones también tenían piezas con asbesto. El titular de Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli, en diálogo con PáginaI12 resumió la situación actual: “tenemos certeza de que hay asbesto en los CAF 5000, la chatarra cancerígena que compró Macri, quien tenía que saber porque los manuales dicen que tienen asbesto. De los 36 que había, diez están fuera de servicio en el taller Rancagua de la B, el resto los destruyeron”. “Además, mandamos a hacer un estudio unilateral a la Universidad del Sur y se detectó asbesto en los coches Nagoya de la Línea C, en las General Electric de la E y en las Mitsubishi de la B y D”.

Un mes después, los metrodelegados denunciaron que Metrovías y Sbase querían destruir las pruebas del amianto en los trenes, y se opusieron a un operativo que intentó sacar con destino incierto los vagones del taller. 

Pianelli afirmó que “lo primero que tienen que hacer es reconocer que tienen asbesto; segundo, los trabajadores tienen que tener un examen anual de salud riguroso por parte de la ART para saber si algún trabajador tiene asbestosis y, en tercer lugar, hay que desamiantar”, y remarcó que “Madrid lo está haciendo, Chile también. Va a llevar varios años reemplazar todo, pero es necesario una política seria para eso. Algo difícil si la comisión que se acordó con el Gobierno de la Ciudad, Metrovías, Sbase y el Sindicato de Supervisores está paralizada. La causa está judicializada”, explicó, cautelar de por medio para que no desaparezcan los trenes con amianto y se los pueda analizar.

En tanto Kreplak, ex viceministro de Salud de la Nación, remarcó que “muchas veces se consideran estas enfermedades como propias del trabajo y pasan desapercibidas. Pero los trabajos son peligros para la salud cuando  se hace lo que no corresponde, como comprar trenes con asbesto cuando está prohibido”, remarcó que “es necesario desasbestizar, dar protección adecuada a los trabajadores expuestos”, y sostuvo que “la idea es poder hacer un rastreo de instituciones públicas como se hizo en España, un  catastro para sabe dónde está el asbesto”.