Poco más de cuatro años duró el sueño del ministerio de cultura. Ayer, en el paquete de reducciones y ajuste oficial, el gobierno de Cambiemos confirmó la eliminación de la cartera creada en 2014 y su reducción a una secretaría subsumida a la órbita del Ministerio de Educación. La medida, que fue presentada discursivamente como un mero cambio de rango, implica en realidad una decisión política que genera un enorme retroceso en términos de garantizar el derecho a la cultura de todo el país. A principios de este año ya había habido un “reordenamiento” del hasta ayer ministerio, y desde entonces el rumor de eliminación de la cartera estaba latente. Ahora, la confirmación oficial obliga a repensar el esquema cultural argentino y también el rol que dentro de él tendrá la comunidad. Con este anuncio, también, se abre la incertidumbre sobre cuál será el presupuesto que se asignará para la secretaría y cómo será el impacto que esa caída tenga en la planificación de políticas públicas para el sector. 

Tal como se anunció ayer, Pablo Avelluto seguirá al frente de la ahora secretaría que, junto con el también ex Ministerio de Ciencia y Tecnología (también devenido en secretaría), integrará la cartera que conduce Alejandro Finocchiaro. Al cierre de esta edición no había habido comunicación oficial sobre cómo el cambio afectará al organigrama de la cartera, ni tampoco un comunicado del ministro sobre la situación. La única repercusión que hubo fue como respuesta, que llegó de parte de personalidades de la cultura, de ex funcionarios de la cartera, de trabajadores y trabajadoras del sector y de los colectivos culturales y sindicatos que tienen incidencia en la órbita cultural (ver aparte).

   Con este cambio, el ministerio de cultura no es lo único que desaparece. También se esfuma, entre muchas otras cosas, la posibilidad de que el Congreso Nacional sancione una Ley Nacional de Cultura, proyecto impulsado por el diputado nacional Daniel Filmus con apoyo de distintas organizaciones culturales y presentado en el ámbito legislativo luego de más de cuarenta foros participativos en todo el país. La iniciativa, que dio sus primeros pasos en el año 2014, ya no tendría sentido, al menos tal como fue presentada, puesto que se trataba de una ley orgánica y el organismo ya no existe más. Solamente este dato sirve para empezar a pensar qué lugar tendrá la cultura de ahora en más.

Un poco de historia

El ministerio de cultura fue creado el 7 de mayo de 2014 por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ese mismo día nombró a la cantautora Teresa Parodi como primera ministra de la cartera.  En los considerandos del decreto que oficializó la medida, el 641/2014, el gobierno anterior destacó “la necesidad de continuar realizando políticas orientadas al desarrollo de aquellas áreas que tienen especial importancia en relación con la calidad de vida de los ciudadanos y con el objeto de dar respuesta a las demandas sociales”. En esa línea, el kirchnerismo dispuso “efectuar un reordenamiento estratégico que permita concretar las metas políticas diagramadas, así como racionalizar y tornar más eficiente la gestión pública”. El texto publicado en el Boletín Oficial también destacó “la trascendencia que la cultura representa como inductora del desarrollo y de la cohesión social, de su relevante papel ante la cuestión de la diversidad cultural y de la integración de comunidades minoritarias, así como en los procesos de igualdad de género y de las vinculaciones entre las comunidades urbanas y rurales”.

   Durante el primer acto oficial como ministra, Parodi –quien ya había ocupado cargos de gestión frente a la Dirección General de Música y el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHI)– celebró la noticia y prometió que su tarea estaría enfocada en “visibilizar la enorme diversidad cultural de la Argentina, emparentada tan categóricamente con América latina”. Por su parte, durante esa misma ceremonia, la ex presidenta destacó el “empoderamiento del sector de la cultura” que significaba la creación del nuevo ministerio, puesto que hasta entonces siempre había tenido rango de secretaría.

Tal como se refleja en un documento al que accedió PáginaI12 y que nunca fue publicado, el informe de gestión que presentó Parodi a fines de su mandato da cuenta de que hasta ese momento el ministerio contaba con cuatro secretarías centrales: la de gestión cultural, la de políticas socioculturales, la de coordinación estratégica para el pensamiento nacional y la de coordinación y control de gestión, además de las diferentes dependencias, direcciones y organismos autárquicos. Cuando la alianza Cambiemos llegó al poder, el desguace fue inmediato. El organigrama se modificó y las secretarías bajaron a tres: la de Cultura y Creatividad, la de Integración Federal y Cooperación Internacional y la de Patrimonio Cultural. A fines del año pasado, los tres funcionarios que estaban al frente de esas secretarías ya habían renunciado a sus cargos. Uno de ellos, Enrique Avogadro, para ocupar el cargo de ministro de cultura de la Ciudad, que estaba vacante tras dos rotundos fracasos de sus predecesores. 

Pero eso no fue todo. El 7 de marzo de este año, también en el marco de un “reordenamiento” de las áreas del Poder Ejecutivo que redujo casi mil cargos políticos de la administración pública, el ahora extinto ministerio de cultura sufrió otro desguace. De un plumazo, el gobierno eliminó cinco de sus cuatro subsecretarías, algo que tuvo un impacto enorme en la realidad cultural ya que todas ellas tenían competencias socioculturales, de difusión y generación de empleo. En concreto, en ese momento dejaron de existir las subsecretarías de Cultura Ciudadana, de Economía Creativa, de Cooperación Cultural y de Gestión Patrimonial. Según la descripción de la propia página del ministerio, esas áreas se encargaban, respectivamente, de “asistir en la difusión de la actividad cultural nacional mediante la promoción de la misma en ámbitos eficaces a este fin”, de “desarrollar actividades económicas asociadas con la cultura y la generación de empleo sectorial”, de “articular políticas públicas culturales con otros organismos nacionales, provinciales, municipales, comunales y de la Ciudad de Buenos Aires y “entender, conducir y planificar estrategias para la investigación del Patrimonio Cultural de la Nación”. 

En ese momento, PáginaI12 se comunicó con las autoridades de la cartera, que prometieron la continuidad “de todos los programas” y el reacomodamiento “de la gente en función de la nueva estructura”: Pero la realidad fue otra: todo este año hubo una brutal reducción de programas y políticas públicas destinadas exclusivamente al desarrollo y crecimiento del sector.

Repercusiones de la comunidad

Unas horas antes de que se confirmara lo que al principio eran trascendidos periodísticos, la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Cultura de la Nación resolvió declararse en “estado de alerta y movilización” frente al posible ajuste. “Llamamos a todos los compañeros a organizarse en cada oficina, cada museo, cada organismo para rechazar esta medida que pone en riesgo nuestros puestos de trabajo y la función social que cumplimos”, expresaron los delegados y delegadas, que alertaron que los funcionarios “no pudieron antes y no podrán ahora”. Tras conocerse la confirmación del nuevo esquema de ministerios, desde esa comisión interna convocaron a una asamblea general para hoy al mediodía en la sede del ministerio de Alsina 1169, que estará acompañada por una movilización.

Al cierre de esta edición, además, las distintas organizaciones y colectivos culturales debatían la fecha para una gran asamblea de todo el sector y consensuaban comunicados de repudio para la nueva situación. “La desjerarquización ministerial a secretaría bajo Educación implica que el organismo, al no tener vía directa con Presidencia, obstruirá la ejecución presupuestaria como producto de una mayor burocratización en un contexto donde hay trabajadorxs que no cobran desde marzo, afectando no solo a la producción cultural, sino también a sus familias”, destacaron desde el Frente Cultural Seamos Libres. “Estas son las políticas de Estado que provocan vaciamiento, desfinanciación y crisis institucional”, manifestaron.