El canciller encargado de Ecuador, Andrés Terán, inauguró ayer en Quito la reunión en la que 13 países de América Latina buscarán acuerdos para afrontar la migración de ciudadanos venezolanos cifrada en casi 2,5 millones en los últimos cuatro años. Desde ayer y hasta hoy a la tarde, cuando se expida la Declaración de Quito, los países participantes intercambian experiencias y buscan salidas humanitarias para la crisis que empezó hacia 2014 pero aumentó significativamente este año.  

 La cita reúne a autoridades a cargo de temas de movilidad humana, migración, políticas consulares, desarrollo e integración de Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Bolivia, Uruguay y República Dominicana. Además, estuvieron presentes en la mesa del Palacio de Najas, sede de la Cancillería ecuatoriana, representantes del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Formento, la Organización de Estados Americanos, la Comunidad Andina y varias dependencias de las Naciones Unidas. Venezuela, sin embargo, no contó con delegados.

La idea, señaló Terán en el discurso inaugural, es buscar soluciones humanitarias conjuntas ante la vulnerabilidad en que están los migrantes venezolanos, expuestos a sufrimientos que incluyen la falta de empleo, la explotación laboral, el riesgo de explotación sexual o de tráfico de personas, el peligro de explosiones xenófobas y dificultades para acceder a los sistemas de educación y salud. “Hay que visibilizar la crisis y canalizar el apoyo financiero”, resaltó Terán, quien reemplazó al canciller José Valencia, quese encuentra de viaje en Japón junto al presidente Lenín Moreno. 

Cerca de 2,5 millones de venezolanos han salido de su país desde hace cuatro años, pero el grueso del problema se presentó en los últimos meses en un contexto de hiperinflación. Los destinos de esos migrantes son esencialmente otros países latinoamericanos y del Caribe. Sin embargo, en el último mes, países de la región endurecieron sus políticas migratorias. En Ecuador y en Perú comenzaron a pedir pasaporte a los venezolanos que quieran ingresar en sus territorios (cuando antes sólo hacía falta la cédula de identidad) y, en este último, se introdujeron modificaciones a los permisos temporales de residencia de los migrantes. El gobierno del brasileño Michel Temer, por su parte, militarizó la frontera al enviar 3200 soldados al estado de Roraima. 

Por otro lado, las delegaciones de Chile y Uruguay pidieron incluir en la agenda un punto en el que se examine la situación de los latinoamericanos que viven en Venezuela, teniendo en cuenta que en décadas pasadas ese país fue receptor de una masiva migración de ciudadanos de la región que huian de la precariedad económica o las persecuciones políticas.

El representante de las Naciones Unidas en Quito, Arnald Perault, les deseo éxito a los participantes y comprometió el apoyo de su institución, en especial a través de la Oficina Internacional de Migraciones y el Alto Comisionado para los Refugiados.