Desde Santa Fe

El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, cerró la investigación a su colega de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, por supuesto “fraude en perjuicio” al Estado,  “prevaricato” e “incumplimiento de deberes”. En una fugaz intervención en la causa, Bailaque sentenció tal como se lo pidió la defensa: dejó sin efecto el llamado a indagatoria de Rodríguez que había ordenado el otro juez federal de Santa Fe, Francisco Miño y dispuso el archivo de las actuaciones. Su fundamento es tan breve como clásico en el lenguaje del foro. A juicio de Bailaque, no existe un estado de sospecha fundado para indagar a su colega y someterlo a proceso.

La causa es la secuela de otro juicio por una maniobra con títulos públicos en default que le reportó a sus autores casi 700 mil pesos que no aún no fueron recuperados por el fisco. En octubre de 2017, el Tribunal Oral de Santa Fe condenó a los dos imputados: el inversionista Miguel Dubarry y su abogado Carlos Clerc, a dos años y 10 meses de prisión por “estafa a la administración pública” y ordenó a pedido del fiscal Martín Suárez Faisal investigar si en el hecho participaron otras personas.

El 2 de febrero, el fiscal Walter Rodríguez imputó al juez Rodríguez por actos producidos dentro y fuera de su despacho que calificó como presunto “fraude en perjuicio de la administración pública”, “prevaricato” e “incumplimiento de los deberes de funcionario púbico”. El juez Miño ordenó la indagatoria al 6 de abril, pero Rodríguez lo recusó y logró apartarlo de la causa. La subrogancia le tocó al juez federal de Rafaela, Miguel Abásolo, que también se excusó por “enemistad manifiesta” con Rodríguez, a quien había asistido como secretario penal pero no quedó en buenos términos.

El tercer juez fue Bailaque, quien ahora desestimó todas las pruebas contra Rodríguez, entre ellas un cruce de llamadas telefónicas entre el juez y Clerc que se destapó en el juicio del año pasado y la relación entre ambos. El Tribunal señaló como “indicio del ardid” la forma en que se judicializó un  DNI con domicilio falso, en un baldío de Rafaela, para asegurar la competencia de Rodríguez. “Es aquí donde adquiere relevancia la relación” entre Clerc y el juez, según el testimonio de dos funcionarias del juzgado que declararon en el juicio. En ese contexto, el Tribunal valoró el cruce de llamadas telefónicas "desde el domicilio de Clerc al domicilio del juez Rodríguez, en Santa Fe".

Bailaque se preguntó si es posible que se cursen llamadas telefónicas desde estudios jurídicos a Juzgados. Y si es determinante para involucrar a cualquier persona si el llamado lo recibe en su domicilio particular. Ante la imposibilidad de conocer el contenido del diálogo, Bailaque entendió que las llamadas entre Rodríguez y Clerc no son elementos probatorios que generen sospecha suficiente para indagar a Rodríguez. Por lo tanto, dispuso el archivo de la causa.