El título está inspirado (casi robado, es justo confesar) en el libro-tesis de maestría en Criminología de otra maestra, Claudia Cesaroni. “El dolor como política de tratamiento”, de 2004, habla de “El caso de los jóvenes adultos presos en cárceles federales”. Ella se preocupó entonces como ahora por lxs llamadxs “presos comunes”, poco escuchadxs en nuestro país, y por jóvenes “que por estar presos deben soportar que se haga con ellos cosas que no habría que hacer”. El estudio echa luz sobre el desprecio por el sufrimiento y su relación directa con el despojamiento de la humanidad y la construcción de un otro “al que se cosifica y en tanto cosa, se puede ignorar, y si es necesario, destruir”. Entre las victimizaciones y la desprotección, la distancia que impone la sociedad social entre los niños y niñas propios de aquellos “niños otros”, inviste a estos últimos de características de brutalidad que los convierte casi en monstruos. “También en relación a ellos, es necesario desandar el camino, volver atrás, ir desagregando las estadísticas para llegar a las unidades. Y detenernos en cada unidad. Y en cada unidad reflexionar. Pues cada unidad es la totalidad.” De eso se trata este trabajo, concluye Cesaroni: “de escuchar, ver y pensar lo que sucede allí, en los pabellones donde viven los jóvenes, espacios donde el dolor circula de múltiples maneras.” Mucho de esto atravesó la primera reunión organizativa de la Red Argentina No Baja, realizada este martes en la Legislatura porteña y convocada por las comisiones de Derechos Humanos y de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, que presiden José Cruz Campagnoli y Andrea Conde, del Frente para la Victoria, y que contó con la participación de la propia Cesaroni junto con especialistas, organizaciones sociales y académicas, culturales y políticas. La consigna de la campaña “Todxs contra la Baja de Edad de Punibilidad. #ArgentinaNoBaja #NoALaBaja”, toma como guía la experiencia de la plataforma uruguaya No a la Baja, para contrarrestar la propuesta del Gobierno, que a esta altura la mayoría de los sectores políticos y sociales consideran una artimaña electoral, aunque el ministro de Justicia Germán Garavano, para quien los pibes chorros roban por una cuestión cultural, asegure que el debate sobre la baja de edad de imputabilidad a menores se abordará después de las elecciones de octubre. Débil promesa: el martes se reunió con el jefe del bloque de Senadores del FpV-PJ, Miguel Angel Pichetto, para consensuar la aprobación de un régimen penal juvenil. Desde el laboratorio del Frente Renovador, Sergio Massa y Margarita Stolbizer exigen a coro sesiones extraordinarias para el tratamiento d e la reforma en el Congreso. La movilización convocada por los familiares de Brian Aguinaco el martes, el insólito permiso express que le expidió la Justicia al otro Brian (o J.G., el menor de 15 años acusado del asesinato), quien voló a Perú ese mismo día para quedar a cargo de sus abuelos, y los rumores insistentes sobre vínculos narcos de la familia del chico con La 12, la barra brava de Boca, institución tan cara a Mauricio Macri y a su operador judicial en las sombras, Daniel Angelici, obligan por lo menos a reflexionar sobre algunos macabros oportunismos del destino.
Durante 2015, en la Ciudad de Buenos Aires se registraron 175 víctimas de homicidios dolosos, según datos del Instituto de Investigaciones del Poder Judicial, que depende del Consejo de la Magistratura. La mayoría de sus victimarios eran mayores de edad: tenían entre 18 y 35 años. Sólo un 4,17 por ciento fueron menores.
“Pero aún así se puso en la agenda pública la temática de franja etaria, que implica mayor exclusión y vulnerabilidad”, remarca la directora del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo, María Elena Naddeo, una de las impulsoras de la Red. “En la reunión del martes coincidimos en que no es el sistema penal el que debe dar respuestas a la problemática y que es urgente debatir cuáles son las políticas públicas sociales y territoriales destinadas a fortalecer la inclusión educativa, social y laboral de niñxs y adolescentes.”
Crear una reforma penal de estas características, significa victimizar a toda una franja etaria. Cuando chicas y chicos entran en comisarías y en sistemas de internación, atraviesan otras violencias e incorporan prácticas más delictivas de las que originalmente tenían. Debe buscarse un proyecto de políticas públicas que trabaje en los territorios y volver a discutir cuál es la intervención de los equipos de niñez y adolescencia. “Es más fácil ofrecer la policía y jueces como alternativas de retención de adolescentes, que sólo agudizan el conflicto”, señala. “Necesitamos más escuelas de modalidad inclusiva, trabajo articulado de las redes. Cuando hay mayor presencia de la comunidad y el Estado, hay prevención del delito y chicas y chicos de los sectores populares más a resguardo.”
El anuncio de Garavano es una decisión política de vanguardizar un tema que tiene sonoridad en la agenda y corre el eje de las verdaderas políticas que lleva adelante Macri. Se pretende ocultar el trasfondo conservador y de ajuste poniendo como eje la baja de imputabilidad de chicxs de 14 años. Es una actitud criminal que merece un profundo reproche político. Lo hacen en momentos que transfieren institutos de menores a ámbitos de la Ciudad sin debate previo ni consultas con especialistas. “Esta receta punitiva no sirve, no remeda la mayor incidencia del delito en barrios populares con pobreza extrema”, concluye Naddeo. “Se reedita la discusión de inseguridad y delitos como evento, y no estudiando las causas. Nadie habla de las 75 denuncias que obran en el Ministerio Público Fiscal de chicos y chicas acosados por las fuerzas policiales.”
