La mujer de 34 años llega al hospital público de Pacheco con un shock séptico provocado por un aborto casero. El desamparo social, la desprotección legal y la vergüenza moral la conminan a resolver por las suyas y de manera insegura, un embarazo no deseado. Demoran una solución legal, segura y gratuita, que habría evitado su muerte. Otra mujer de 30 años es llevada de urgencia al hospital de Pilar, dos días después. Las consecuencias de un aborto incompleto son irreversibles, muere. Con seis días de diferencia, una joven de 21 pierde el útero en un aborto inducido en la clandestinidad y queda en terapia intensiva en un instituto médico público de la ciudad de Córdoba.
Las huellas del debate social y político
De no haber existido el debate por la legalización del aborto en el Congreso, estos hechos no habrían tenido repercusión mediática ni afectado la sensibilidad pública. La media sanción de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Diputados se explica en parte por la creciente movilización social. El retroceso en la Cámara alta, ¿desactivará el reclamo popular? ¿Cómo saberlo? El comportamiento de la opinión de los públicos no responde a un único factor; es escurridizo, volátil. La respuesta mediática a la dinámica política, en cambio, es más estable. Los medios tematizan dentro de márgenes que no definen, sobre un territorio que no delimitan.
Hasta la media sanción en Diputados, al ritmo de la efervescencia social en las calles y en las redes sociales, los términos de la cobertura se enfilaron detrás de un encuadre “pro-derecho” al legitimar voces –oficiales y no, institucionales aunque no solamente– que se pronunciaron a favor del proyecto de ley de la IVE. El punto de inflexión que significó la sesión en el Senado tuvo su cámara de eco en los medios. Lo dijo Key en los años ‘60: lo que sale de una cámara de eco guarda una relación inevitable e invariable con lo que entra en ella. Habilitada por el rechazo del Senado, una parte de la prensa nacional vira su enfoque hacia la responsabilización individual de las víctimas de abortos clandestinos.
Responsabilizar a la víctima
En su cobertura de esos abortos inseguros, Clarín y La Nación presentan rasgos claros de diagnóstico, que definen la situación así como sus causas y sus consecuencias, y de pronóstico, al sugerir soluciones en materia de políticas públicas. La descripción minuciosa de las técnicas para realizar abortos caseros se combina con los denodados esfuerzos del área de salud por salvar la vida de mujeres que deciden abortar y mueren, producto de la ignorancia y la pobreza (“Aún no se sabe cómo fue el aborto porque la mujer, madre de cuatro hijos, no quiso contar nada”; Clarín, 16 de agosto de 2018). La atribución de responsabilidad es solo individual, nunca institucional ni mucho menos, estatal.
En contadas ocasiones se vislumbra una referencia a la necesidad de contar con una norma que contemple la decisión de la mujer de interrumpir el embarazo de manera voluntaria. Sin embargo, el énfasis recae una y otra vez en la muerte como consecuencia de la falta de información de las mujeres que abortan (“Es increíble que ocurra esto existiendo el misoprostol. Las primeras guías de la Organización Mundial de la Salud recomendando las interrupciones de los embarazos con misoprostol son de 2005”, se indigna la fuente consultada por Clarín; 15 de agosto de 2018). La Nación sube la apuesta al referirse a esa muerte como resultado de “un aborto realizado de manera ilegal” (La Nación, 16 de agosto de 2018). En efecto, la primera responsable de la muerte post-aborto es la propia víctima.
Atrapadas en un círculo vicioso, las víctimas vuelven al desamparo y la desprotección discursivos. Las noticias analizadas no ofrecen datos sobre las organizaciones a las que podrían acudir las mujeres que desean interrumpir un embarazo no deseado, tampoco problematizan las vulnerabilidades que padecen en materia de derechos de género. Más aún, su lugar de mujer queda invisibilizado por el énfasis puesto en el rol de madres descuidadas. La mujer que murió en el hospital de Pacheco “tenía 34 años y era madre de un niño”, al igual que la que falleció en Pilar con “30 años y varios hijos” (Clarín, 14 de agosto de 2018).
El debate que se extendió durante meses parece haber dejado huellas en el tratamiento noticioso de algunos medios capitalinos -con sus diferencias y similitudes-, esmerados en incluir voces favorables al derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Pese a ello, el discurso de actualidad mantiene un sustrato moral insoslayable, sin dudas un componente clave por su capacidad de estimular apoyo u oposición a los distintos campos de un conflicto político.
Paola Ingrassia: Profesora de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)
Natalia Aruguete: Investigadora del Conicet y del ICEP-UNQ
