La Justicia rechazó el criterio de oportunidad y sobreseimiento solicitado por dos de los principales imputados en la saga de maniobras delictivas con propiedades inmuebles mediante estafas y lavado de activos, que buscaban evitar el juicio oral. Se trata del agente bursátil Jorge Oneto y el gerente del diario La Capital, Pablo Abdala, acusados en la megacausa que ya suma una veintena de involucrados. El revés judicial llegó dos semanas después de que el Ministerio Público de la Acusación –por resolución de la Fiscalía Regional- llevara al tribunal un acuerdo con Oneto y Abdala, con un compromiso de devolución de bienes a una de las víctimas. Sin embargo, dos de los magistrados le bajaron el pulgar al entender, entre otras cuestiones, que el pedido es “incongruente y hasta incoherente” con el resto del expediente. “Estaríamos convalidando y tolerando una posición excluyente y desigual entre las partes, además de carente de lógica procesal”, dice uno de los votos. También acusaron a la Fiscalía de “arrogarse facultades para determinar cuándo está en juego el interés público”. La decisión podría llegar a la Cámara Penal para ser revisada.
El 22 de agosto pasado, dos de los principales sindicados en la megaestafa inmobiliaria quedaron a un paso de eludir el juicio oral con un compromiso de restituir bienes y entregar sumas de dinero en dólares a la víctima de una de las estafas, que los tiene como sindicados. La salida alternativa se presentó bajo la figura de un principio de oportunidad con el que Fiscalía no promovería la acción penal una vez que los acusados cumplan el convenio. En aquella audiencia se dio a conocer la conformidad de la víctima.
Oneto y Abdala están sindicados desde octubre de 2016. En su momento, el fiscal Sebastián Narvaja detuvo a una decena de implicados y los acusó por haberse apoderado de diferentes tipos de inmuebles, mediante falsedades. En el que están sindicados los dos imputados que buscaban no ser juzgados, es un campo de 124 hectáreas ubicado en Villa Amelia, que pertenecía a la familia del ex camarista (fallecido) Ernesto Navarro, cuya primera venta se realizó con un poder apócrifo y luego fue pasando de mano entre los sindicados "para meterlo en el circuito legal".
En el acuerdo, Oneto ofreció una reparación del daño causado mediante la restitución del campo a su dueña, y abonar una suma “como compensación”, de 200 mil dólares. En tanto, Abdala se comprometió en la entrega (a la víctima) del 50 por ciento de un departamento con cochera en la torre Aqualina y una oficina en el edificio Embajador, más el pago de 50 mil dólares mediante un plan de pago a 90 días. Las defensas fueron más allá y pidieron el sobreseimiento de sus clientes.
Sin embargo, para los jueces Héctor Núñez Cartelle y Hernán Postma (José Luis Suárez votó en disidencia) los acuerdos resultan “inadmisibles”. “Pareciera que con este método tan ‘ágil y eficaz’ se pretende reducir la actividad de este estrado en un simple y mero homologador de acuerdos, sin siquiera interiorizarse más que el resarcimiento de una de las víctimas, desconociendo o –peor- negando todo un conflicto de intereses”, cuestionaron.
La negativa de los magistrados tiene que ver, en un punto, con que al principio Oneto y Abdala fueron acusados por los delitos de lavado de activos en concurso ideal con falsedad ideológica de documento público; y desde abril de 2017 tienen pedido de pena de 4 años y medio de prisión, más multas de varios millones de pesos, en ambos casos. “Resulta insostenible que la Fiscalía que pidiera penas para cada uno de los imputados, luego -‘mutatis mutandis’- renuncia a ese impulso”, argumentaron.
“No podemos ser menos que críticos con la postura del fiscal, que basándose en tener la potestad de determinar, por orden de su superior jerárquico (el fiscal regional Patricio Serjal) de las políticas públicas, arbitrariamente y sin tapujos provoca un corrimiento de su posición inicial (cuando los acusó), al interpretar que, en el caso en cuestión, el interés público no estaba en juego”, reza el fallo.
Para los jueces, “es una complejísima investigación, con múltiples imputados, importantes daños patrimoniales (que están) lejos de pertenecer al grupo de los delitos ‘insignificantes’”; y que además está atravesada por “hechos que afectan gravemente el interés público”. Por lo que señalaron: “Hay diversas figuras delictivas por las que acusó el Ministerio Público, incluso en algunas presentaron para el tratamiento de procedimiento abreviado de otros involucrados. Observamos que no solo de la acusación, sino también del contenido de dichos acuerdos, se los ha excluido a modo de perdón sacramental”.
