Un dictamen del fiscal Jorge Di Lello alteró la inercia de Comodoro Py, donde la mayor parte de la actividad apunta hacia el gobierno anterior, e imputó esta vez a Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, al ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y al titular del Banco Central, Luis Caputo. Dice que pudieron haber cometido abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin que el tema pasara por el Congreso, donde se debió impulsar por una ley específica o mediante su inclusión en la ley de presupuesto. Di Lello se basa en la denuncia que hicieron Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes alegan que lo que está en juego es una operación de crédito o “empréstito” que, según la Constitución Nacional es indelegable en el Poder Ejecutivo. Los denunciantes pidieron también una medida cautelar para que sea dejado en suspenso el acuerdo firmado en junio por 50.000 millones de dólares por tres años, suma de la cual ya fueron desembolsados 15.000 millones. La decisión ahora está en manos del juez federal Julián Ercolini.
En el plano político y en función de los planteos judiciales, algunas especulaciones indicaban que el Gobierno podía llegar a enviar el acuerdo con el FMI al Congreso para el debate del presupuesto. Pero en la Casa Rosada lo niegan. El argumento –en el que coinciden con el senador Miguel Angel Pichetto– es que la ley de Administración Financiera dice que los empréstitos deben pasar por el Congreso, con una excepción: “las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo con los organismos financieros internacionales de los que la nación forma parte”. En la oposición argumentan que en ese punto la ley se refiere a acuerdos con el Banco Mundial o instituciones semejantes, por montos reducidos, y no a un gigantesco plan que compromete las finanzas del país por muchos años. El otro argumento que utilizará el Gobierno para volver a eludir el Congreso, es que lo pactado “no fija condicionalidades salvo e material fiscal; es nuestro plan el que se aplica y todo lo que acordamos es que en lugar de 1,3 de déficit primario será cero o 0,4 por ciento del PBI, no son ellos los que imponen esto”. En este punto, nuevamente, en la oposición afirman que semejante volumen de deuda y de compromiso de pago de intereses y capital, no puede firmarse sin el voto de las dos cámaras.
Contra el planteo de que para acordar con el FMI cabe la excepción de la Ley de Administración que aparece en el artículo 60, Lozano y Baldivieso advirtieron en un su denuncia que esa norma no está vigente. Fue promulgada con anterioridad a la reforma constitucional de 1994 que, con disposiciones contrarias, tuvo el efecto de derogarla. El artículo 76 tras la reforma estableció que se prohíbe la delegación de facultades al Poder Ejecutivo salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública. Si bien hubo prórrogas que demoraron la aplicación de la nueva normativa, la última caducó en agosto de 2010. La Constitución reformada, además, en el artículo 75 establece que corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior. Por eso la presentación judicial inicial decía: “el Poder Ejecutivo no cuenta con autorización legal para acordar y ejecutar un acuerdo stand by de 50.000 millones de dólares firmado entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional en junio de 2018. Este acuerdo por ser aprobado y firmado por una autoridad incompetente es nulo de nulidad absoluta…” También recuerdan que la ley de presupuesto votada para este año no contempló el acuerdo con el Fondo.
“Hemos hecho esta presentación porque creemos que los acuerdos con el Fondo son absolutamente dañinos y porque la Constitución así lo manda; hay que sumar que el FMI está violando su propio estatuto, que dice que no puede prestarle a países en situación de fuga de capitales”, señaló Lozano, que presidente le partido Unidad Popular. “La corrida cambiaria y el acuerdo con el Fondo han producido un shock recesivo , un derrumbe de la actividad económica. Nosotros no estamos de acuerdo con la estrategia que entiende que el ante la falta de dólares el camino es la recesión y la caída de la actividad”, subrayó. Contó que además de la denuncia penal, presentó un amparo en el fuero contencioso administrativo.
Di Lello le dio crédito a la denuncia, consideró que hay elementos para sospechar que se cometieron delitos pero le pidió a Ercolini que sea él quien decida si admite o no la cautelar para dejar el acuerdo en suspenso, lo que suena bastante improbable. El fiscal, de todos modos, pidió informes al ministerio de Economía con la resoluciones por las que se contrajo deuda y el acuerdo específico stand by por 50.000 millones; el testimonio del jefe de gabinete del ministerio de Economía, para comprender la ejecución del acuerdo; otro informe de la comisión bicameral del Congreso que revisa la legislación y el testimonio de su titular; la ley de presupuesto y una declaración ampliada de los denunciantes. Ahora se verá qué margen tiene Di Lello para llevar adelante una investigación judicial.
