Los intendentes son los primeros en enfrentar el impacto negativo que provoca la crisis desatada por las políticas del Gobierno nacional que ahora se ve agravado luego de la eliminación del Fondo Federal Solidario que se genera a partir de las retenciones a la soja. Esa crítica situación llevó a los integrantes de la Federación Argentina de Municipios (FAM) a buscar el respaldo de las diferentes organizaciones sindicales. Ayer, luego de reunirse con el Frente Sindical por el Movimiento Nacional y la CTA de los Trabajadores que conduce Hugo Yasky, la FAM rubricó un documento con el Consejo Directivo de la CGT donde acordaron realizar “acciones inmediatas que contribuyan a la unidad nacional y la paz social”.

El panorama social que los intendentes describieron ante los sindicalistas fue definido como “catastrófico” y por lo tanto de extrema preocupación ante la crisis que viven los sectores más desprotegidos de la sociedad. “Hemos dejado de hacer obras para dar comida”, fue el relato que unificó los testimonios de los intendentes ante los dirigentes de la CGT pero también frente a la CTA-T y el Frente Sindical. 

En la sede de la CGT los recibió el triunviro Héctor Daer junto a un grupo de integrantes del Consejo Directivo. Juan Carlos Schmid se encontraba en Rosario participando de una movilización y Carlos Acuña estaba de viaje. Ante los gremialistas los intendentes le reclamaron el respaldo en la pelea que llevan adelante por la restitución del Fondo Sojero que es crucial a la hora de llevar adelantes obras para la comunidad. “El Fondo es educación, salud, son obras públicas”, dijo Magario, a la sazón intendenta de La Matanza. Por otra parte, aseguró que “la sociedad esta comprendiendo y entendiendo esto” y se quejó de la actitud del Gobierno porque “la verdad, la cuestión ha sido unilateral, que no corresponde”. Magario recordó que “había sido un acuerdo entre todas las provincias y el Gobierno nacional de sostener este Fondo Sojero, pero lo han sacado”.

En ese sentido, la FAM acordó con la CGT una serie de acciones entre las que se encuentra la declaración de la emergencia social alimentaria, sanitaria y tarifaria para que “se implementen con urgencia políticas que aseguren a la población el acceso a los alimentos, a los medicamentos y a los servicios de los hospitales públicos, suficientemente abastecidos de los insumos necesarios”. No olvidaron el impacto de las tarifas y por eso reclamarán que el cálculo del valor se realice a partir del índice de incremento salarial y no según el valor de la cotización del dólar. Incluso el acuerdo, que se estampó en un documento, habla de implementar medidas de recuperación de las PyMEs productivas nacionales, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y una inmediata recomposición del mercado interno. Para ello expresaron la necesidad de que se frene la importación indiscriminada y, como contrapartida, se promuevan exportaciones industriales con valor agregado a las que se les debería imponer menores gravámenes que las exportaciones de origen primario.

El acuerdo alcanzado entre los intendentes y la CGT no evitó una serie de cruces de fuerte contenido político. Por así decirlo, los jefes comunales le recalcaron las escasas movilizaciones que promueve la central obrera e incluso la fecha del próximo paro general que fue considerada como “lejana”. La cúpula sindical no evitó la respuesta y dijo que la realización de una huelga nacional requiere tiempo y sobre las movilizaciones dijeron que no las promueven porque de esa manera evitan problemas e inconvenientes ante cualquier tumulto que pueda producirse. Los intendentes también le reclamaron la necesidad de la unidad del movimiento obrero. La CGT le respondió que trabajan en ello aunque les advirtieron que ellos ven el mismo cuadro de situación en la política e incluso un poco más agravado. Es más, los dirigentes sindicales dijeron que la CGT “siempre jugó a favor del peronismo en las elecciones” y deslizaron una chicana al sostener que “algunos con los que ustedes estuvieron antes no pueden decir lo mismo”, una frase que los intendentes entendieron como destinada al camionero Hugo Moyano.

La discusión política no impidió el acuerdo e incluso Magario, en nombre de la FAM, agradeció la solidaridad de todo el movimiento obrero: “Agradezco a la CGT, ya que no solo hablamos de la restitución del Fondo Sojero, sino que fundamentalmente también hablar de todas las situaciones de ajustes y recortes que se vienen”. Daer, en tanto, dijo que “le vamos a pedir a todos los legisladores que repongan el Fondo Sojero”.