El ex presidente de Ecuador  Rafael Correa acusó ayer al actual Gobierno de su país de pactar con la petrolera estadounidense Chevron después de que la empresa anunciara que un tribunal internacional revocó una sentencia que le obligaba a indemnizar al Estado ecuatoriano en un caso de contaminación. “Claramente el Gobierno Cuántico ha pactado con Chevron, como lo hizo con Odebrecht. Es evidente que Chevron es culpable, y que destruyó nuestra selva. Solo un orden mundial inmoral, y un Gobierno traidor, pueden dejarla en la impunidad”, escribió el político residente en Bélgica en su perfil de la red social Twitter. Correa acusó al Ejecutivo de mentir y lo calificó de hipócrita. “Al contrario de lo que dice, el fallo de La Haya deja establecido que no ha encontrado ninguna evidencia de intervención de mi Gobierno en la Justicia. Incluso el testigo de Chevron, un traidor a la Patria llamado Guerra, así lo ratifica”, señaló. Añadió que la Corte Constitucional ecuatoriana ratificó la sentencia contra Chevron en junio de este año, cuando el actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, ya se encontraba en el poder. “Pero, como pactaron con la petrolera , ahora le dan la razón. ¡Vendepatrias!”, denunció Correa.

La petrolera Chevron anunció ayer que un tribunal internacional resolvió un litigio que mantiene con Ecuador al revocar una sentencia anterior que la obligaba a indemnizar al Estado ecuatoriano en un caso de contaminación ambiental. Según la empresa, el tribunal, bajo el auspicio de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, “concluyó unánimemente que la sentencia de 9.500 millones de dólares dictada en contra de Chevron en Lago Agrio, Ecuador, en 2011,fue obtenida a través de fraude, sobornos y corrupción”, informó la empresa.

A su vez el Gobierno ecuatoriano confirmó que el tribunal arbitral de La Haya se pronunció a favor de la petrolera y pidió medidas contra funcionarios del Gobierno de Correa (2007-2017) por su presunta responsabilidad en el caso. En un comunicado de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), el Ejecutivo afirma que solicitó que comiencen “de manera inmediata las auditorías correspondientes para establecer las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que haya lugar, contra los responsables de gravísimos daños causados al Estado ecuatoriano”. El Tribunal Arbitral de La Haya falló en contra de Ecuador, que según el laudo, deberá pagar a la multinacional Chevron una indemnización que deberá fijarse en el futuro. En una comparecencia, el procurador del Estado ecuatoriano, Iñigo Salvador, manifestó ayer que el laudo “no establece un monto monetario de una indemnización que el Ecuador deba pagar a la compañía Chevron”. Precisó que la fase de cuantificación del daño que se debe resarcir a la petrolera se iniciará dentro de 90 días y que esta etapa puede prolongarse varios meses. Salvador indicó que el fallo “declara la responsabilidad del Estado ecuatoriano hacia la compañía Chevron por haber violado el artículo 2 del Tratado Bilateral de la Protección de las Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos”. Y aludió a que el país fue responsabilizado por haber denegado justicia a la petrolera al producirse una serie de irregularidades por parte de las cortes locales ecuatorianas, que ratificaron una sentencia que ordenaba a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares a los afectados por la contaminación ambiental.

La empresa estadounidense señaló que el tribunal, bajo el auspicio de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, “concluyó unánimemente que la sentencia de 9.500 millones de dólares dictada en contra de Chevron en Lago Agrio, Ecuador, en 2011 fue obtenida a través de fraude, sobornos y corrupción”. 

Por su parte, el secretario de la Presidencia ecuatoriana, Eduardo Jurado, explicó en una misiva que el fallo expone al Estado “al pago de cantidades aún indeterminadas, pero que ya se pueden prever cuantiosas sumas de dinero que causarán graves daños al desarrollo del país y afectarán su futuro”.

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Comunicación, “el régimen de Rafael Correa utilizó el caso Chevron para ganar protagonismo político y mediático, y empleó fondos públicos para propaganda, manipulando la opinión pública nacional e internacional, cuyas consecuencias se ven reflejadas en esta sentencia del Tribunal Arbitral de La Haya”. Jurado pidió a la Procuraduría General la aplicación “del derecho de repetición que establece la Constitución de la República contra exfuncionarios del Gobierno de Rafael Correa” y argumentó que las “consecuencias de las acciones u omisiones del anterior Gobierno no deben ser soportadas por el pueblo ecuatoriano”. El Tribunal de Arbitraje de La Haya se declaró en febrero de 2012 competente para juzgar una demanda planteada por la petrolera estadounidense y le pidió a Ecuador que suspendiera la sentencia contra Chevron en el caso Lago Agrio.