El rechazo a la reforma que pretende el gobierno porteño del Código Contravencional desde diferentes sectores de la sociedad civil es unánime porque coinciden en que lo que se busca es “criminalizar y perseguir” en un contexto de ajuste y de necesidad donde cada vez es más la gente que necesita buscar alternativas para poder sobrevivir.

Si bien la reforma del código no tiene ni siquiera dictamen de comisión para que se trate en el recinto de la Legislatura, desde el Frente de Artistas Ambulantes Organizados (FAAO), denunciaron que se aplica “como si estuviera vigente” y, en ese sentido, señalaron que el fin de semana pasado “expulsaron a artistas de distintos lugares e intentaron labrarles actas contravencionales”.

La semana pasada la reforma no fue incluida en el temario de las comisiones, sin embargo, esto preocupa aún más porque, según Alejandro Cabrera Britos, referente del FAAO, podrían subir el proyecto directo al recinto “para darle estado parlamentario”.

“Tenemos que estar alertas”, remarcó Cabrera Britos en diálogo con PáginaI12 y explicó además que “durante el fin de semana pasado expulsaron a colegas de distintos lugares e intentaron labrarles actas contravencionales, como si fuera que el código se encuentra vigente”. 

“El ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad, Martín Ocampo, sigue mandando a la policía de la ciudad a echar a los artistas”, aseguró Cabrera Britos, quien narró que los agentes los amedrentaron escudándose en denuncias anónimas, figura que contempla el nuevo código pero que tampoco se encuentra vigente. 

Los hechos ocurrieron el sábado en el barrio chino, a las dos de la tarde, en Caballito, Villa Urquiza y en las inmediaciones a Cabildo y Juramento.

Otro de los puntos que generó fuerte rechazo, esta vez desde organizaciones feministas y colectivos trans es que la reforma se arroga el hecho de pretender ser “el primer código con perspectiva de género”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresó que “sería deseable que esta preocupación de los/as legisladores sea transversal a todas las políticas que se proponen ya que dentro del mismo proyecto de reforma del Código hay medidas que las/os afectan, como el aumento de la persecución a las trabajadoras sexuales y a los/as trabajadores de la economía popular”.

“Es una utilización infame de las demandas históricas del colectivo de mujeres”, enfatizó la abogada Claudia Cesaroni, y en ese sentido explicó que “los colectivos de lesbianas y travestis son objeto de persecución policial, extorsionadas, detenidas, cobran coimas para poder desarrollar su actividad, y son afectadas por la actividad policial”. Para la abogada “son cuestiones que tienen que ver más con batallas culturales, del orden de la educación pública y del modo positivo de modificar conductas públicas que desde la persecución penal o vía sancionatoria”.

Por su parte, Débora Blanco, de la agrupación de trabajadores feministas de espacios culturales, Fieras, sostuvo que “hablan de poder tener mayor protección hacia las mujeres pero no brindan ninguna herramienta, sino mayor poder y autoridad represiva a las fuerzas (policiales) de la ciudad”. 

“Lo único que hacen es instalar una política de desgaste para poder desestabilizar y que también las movilizaciones no sean tan contundentes como lo vienen siendo”, concluyó.

Quienes desarrollan su labor en los transportes, agrupados en Trabajadores de la Cultura Ambulante (TCA) también mostraron su repudio. Julián Mallo, referente de TCA, manifestó que “la demagogia de la figura de ruidos molestos no solo criminaliza el arte callejero sino también la militancia en las calles de todos los ciudadanos”. 

“Va en contra del mensaje que pregonamos todos los días en los subtes. La línea de fuego por supuesto que somos los trabajadores”, agregó Mallo, quien señaló que “de la denuncia anónima (que pretende el Ejecutivo porteño) al toque de queda hay un solo paso”.

“Nosotros creemos que en este contexto de ajuste y de necesidad, donde cada vez va a ser más la gente buscando iniciativas para poder sobrevivir, lo peor que se puede hacer es criminalizar y perseguir”, opinó Nicolás Caropresi, referente en la ciudad de Buenos Aires de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CTEP.

A su vez, el referente de la CTEP sostuvo que “la única manera de ordenar el espacio público es intentando regularizar las diferentes actividades que llevan los compañeros adelante, que son actividades de supervivencia”.