La oposición rechaza el proyecto del gobierno porteño para modificar el código de contravenciones aunque coincide en que el oficialismo cuenta con los votos suficientes en la Legislatura como para lograr su aprobación.

El legislador Gabriel Solano, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, explicó que desde su espacio no van a hacer propuestas para mejorar un código que ellos consideran “represivo”.

“No nos parece que este código sea necesario”, enfatizó Solano, quien hizo hincapié en la necesidad de “investigar y actuar con las fuerzas policiales que cometen casos de gatillo fácil, de abuso, de represión”. 

Solano, en diálogo con PáginaI12, explicó que no están de acuerdo con que en la ciudad de Buenos Aires “cualquier actividad se convierta en una contravención susceptible de ser reprimida por la policía”.

En torno a la figura de ruidos molestos, Solano precisó que “solamente se incorporó una excepción cuando se trata de actividades a la gorra (efectuadas por artistas callejeros), pero no así para toda actividad que pueda expresarse en el espacio público”. 

Por su parte, la jefa del bloque peronista de la Legislatura, María Rosa Muiños, explicó que desde su espacio proponen que la contravención hacia los cuidacoches quede sin efecto y en cuanto a los limpiavidrios, aseguró que “están estigmatizando y poniendo en un lugar al limpiavidrios como si fuera un delincuente”.

“Lo que pasa es que hay delincuentes que se disfrazan de limpiavidrios para poder delinquir. Es un delito de oportunidad”, subrayó la legisladora en diálogo con este diario. 

Criticó también el tema de las denuncias anónimas y la posibilidad que se le da a la policía de actuar sin mediar un juez ni un fiscal. “Al sacarle el párrafo que dice ‘acción dependiente de instancia privada’, la fuerza pública podría intervenir de facto cuando le parece que lo que está habiendo constituye una contravención, aunque nadie se queje”. 

Sin embargo, Muiños expresó su deseo de que se logre “una reforma que sea acorde con los tiempos” y que “no condene a la actividad que realizan las personas que informalmente tratan de ganarse el mango. Estas reformas son violatorias del Código de convivencia y me parece que vamos a llegar a un acuerdo con el Ejecutivo porque no pueden no verlo.”

Según Solano, se pretende introducir la figura de intimidación como contravención y dicha cuestión habilita a “utilizarse contra un sindicato, un centro de estudiantes, la ocupación de un colegio, y ya está ocurriendo esto por los protocolos represivos que se elaboraron con la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires”. 

El legislador advirtió que con este nuevo código se legalizarían situaciones que hoy ocurren de hecho y que son “muy graves”. En ese sentido, recordó el caso de lo que sucedió hace unas semanas cuando detuvieron a una profesora que en la facultad de Filosofía y Letras, de la calle Puan, por realizar una clase pública en el marco de los reclamos universitarios.