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La Plata fue uno de los logros de los argentinos, una solución expresada en lo urbano a un problema central de nuestra historia. En 1880 la ciudad de Buenos Aires es finalmente vencida políticamente, se transforma en capital del país y, crucialmente, pierde su condición de capital de la provincia. Así se desactiva efectivamente el nudo de nuestras guerras civiles, pero a la vez hay que crearle a la provincia una nueva capital. Y entonces se hace algo hoy inimaginable, se diseña y crea una gran ciudad, un lugar por lo alto, un símbolo del nuevo país diseñado por los mejores arquitectos y construido con los mejores materiales y tecnologías. En las Américas hay tres ciudades planificadas, una por siglo de vida independiente, con Washington representando el 18, La Plata el 19 y Brasilia el 20.
Este sueño de ciudad es hoy un fantasma tal fue la destrucción que sufrió el magnífico patrimonio edificado de la ciudad. El golpe final lo dio el gobierno de Pablo Bruera, que revirtió toda protección patrimonial e impuso un código de ordenamiento urbano que simplemente le entregó el lugar a los especuladores. A seis años de la aprobación de este bodrio, la justicia acaba de abrir una causa para investigar las coimas en el Concejo Deliberante platense. Es que lo que se hizo sólo se explica por el cohecho.
La causa surge de la investigación que está haciendo el fiscal de Casos Complejos Jorge Paolini, que le pidió al juez Pablo Raele siete detenciones y la apertura de una investigación paralela por el pago de coimas a los ediles para que votaran el nuevo código. La sesión en que se aprobó el invento fue un escándalo porque estaban presentes sólo dos tercios de los ediles. La oposición terminó a los gritos, acusando a algunos de no estar para facilitar el voto... De hecho, si hubieran estado todos el bruerismo hubiera necesitado 16 de 24 votos, algo imposible. Entre los acusados hay opositores y oficialistas de hoy y de ayer, lo que no debe asombrar.
Lo curioso del asunto es que la causa madre es por el manejo de fondos del plan Procrear en 2014, en la que el fiscal encontró un grupo de funcionarios municipales platenses que se superponía con el que entre 2010 y 2013 se ocupó de hacer votar y articular el nuevo código. Según el fiscal, este grupo estaba “destinado a pedir dinero a cambio del dictado de una ordenanza municipal que reformara parcialmente el Código de Ordenamiento Urbano Territorial, presumiblemente integrada también por distintos concejales municipales. Respecto de estos últimos hechos, adelanto, habrá de formarse una investigación por separado. Como se dijera en otro pasaje del presente requerimiento, la mención a esos pedidos de coima tiempo atrás, y en el ámbito del Concejo Deliberante, lejos de importar una mención caprichosa o carente de sentido en estos autos, resulta de trascendental importancia puesto que explica el modo en que la organización se hiciera de los datos de aquellas personas que podían resultar interesadas en la rezonificación de lotes, y a las cuales se podría ‘salir a contactar’ desde el Ejecutivo.”
La poda
Los vecinos de Floresta son feroces protectores de su barrio, que está sufriendo una serie de agresiones realmente notables de parte de un sector comercial particularmente dañino. Floresta tiene algo así como 500 talleres clandestinos y se pobló de locales de venta directa, segunda selección y saldos, un tipo de comercio que cae sobre un barrio, lo destruye y luego se muda cuando pasó la novedad. Es por eso que los vecinos se dedican a vigilar las obras clandestinas, las demoliciones ilegales y las “reformas” que violan las leyes. Ni hablar de las que se hacen en su Area de Protección Histórica, sancionada en 2010 y que prohíbe justamente ese tipo de comercio. La vigilancia de los vecinos ya puso en aprietos a más de un área del gobierno porteño, poco acostumbrada a que le vigilen sus pequeñas coimas y arreglos para dejar hace en los barrios.
El nuevo problema es el de la poda indiscriminada en las calles de un barrio que lleva un nombre vegetal, alegre y verde. Esta semana, los municipales se pasaron con la motosierra, talando árboles en Bahía Blanca al 500. El expediente fue simple: primero pasó alguien con un aerosol y marcó una X en cada árbol condenado, luego pasó una cuadrilla claramente no especializada que se cargó a los árboles. Los vecinos denuncian que este tipo de atentados se realizan desde hace años sin ningún criterio discernible, y que nadie les da la menor explicación. Como ya es el estilo fundamental del PRO, nunca se anuncia nada, no sea que haya que hablar con seres humanos concretos.
Lo más amargante de esta historia es que la ley 3507, la que creó el APH local, tiene un capítulo especial sobre el verde de Floresta. Ahí se destaca el carácter histórico de la forestación del barrio y le da un alto nivel de protección. Por ejemplo, se ordena que toda poda se realice con personal especializado, que se reemplacen los ejemplares perdidos por otros que se integren al paisaje local y que toda intervención se guíe por el respeto a los árboles más viejos, más grandes y de valor simbólico. Hasta se habla de transplantar árboles de tamaño excesivo para las veredas a lugares donde puedan sobrevivir sin causar daños.
Nada de eso, por supuesto, es lo que ocurre, porque eso sería gestionar con seriedad y un mínimo de eficiencia.
