El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, intentó evadir su responsabilidad sobre la represión a la comunidad Lof en el departamento de Cushamen y señaló que fue el juez federal Guido Otranto "el que mandó a reprimir y originó todo esto". Das Neves también aseguró que va a "apostar al diálogo" aunque advirtió que no va "a permitir el atropello", en alusión a las demandas de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a pesar de que los organismos de derechos humanos denunciaron ayer que fue el propio gobierno provincial el que cerró la mesa de diálogo y solicitó el desalojo a Otranto.  

En su descargo, tres días después de la primera represión en la que participó Gendarmería con la policía provincial, Das Neves tampoco mencionó el allanamiento ordenado por el juez provincial José Colabelli, en el que actuó sólo la policía provincial, ni el tercer ataque ocurrido el miércoles a la noche, cuando la Infantería de la policía provincial abrió fuego, con balas de goma y plomo, "sin decir palabra", según relató  a PáginaI12 Jaquelin Marin, una joven integrante de la comunidad mapuche Pu Lof.

A pesar de que esa noche fueron diez los heridos por la policía de Das Neves, dos de los cuales continúan en estado de gravedad, el jefe de la policía de Chubut, Juan Ale, aseguró que la policía había sido atacada y que se habían disparado postas "para defenderse de los ataques con piedras”. El  ministro de Gobierno de Das Neves, Pablo Durán, por su parte, tildó a los miembros del Pu Lof de “terroristas” y “delincuentes”. 

El gobernador insistió en que el juez federal de Esquel "debe hacerse responsable porque fue el que originó todo esto" y subrayó que fue denunciado tiempo atrás por el gobierno provincial por mal desempeño, por lo que le apuntó: "Vino un juez que no tiene nada que ver con la provincia de Chubut e hizo todos los atropellos. Ahora está rebobinando porque sabe que el nivel de acusaciones que tiene es muy importante, así que direccionen bien".

La Asociación de Abogados de Derecho Indígena, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, la Comisión Provincial por la Memoria y el CELS denuinciaron, a su turno, que tanto el Estado nacional como el provincial participaron de una mesa de negociación abierta por el juez Otranto por el bloqueo a las vías del Viejos Expreso Patagónico y "la empresa ferroviaria estatal, es decir el gobierno de la provincia, dio por terminada la negociación y el juez dictó la orden de allanamiento”.

El gobernador continuó su descargo pidiendo dejar "de hacer política con el tema de la represión" y criticó "la falta de información y la forma en que fue planteado el tema en algunos medios nacionales (...) que lejos de preocuparse por la situación de los mapuches, toman esto como una cuestión progre, cool".

En el mismo tono, cargó contra el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, que "se tendría que preocupar por temas de pedofilia, abuso, y no salir con el facilismo con el que han salido".

El gobernador también se tomó un tiempo para desautorizar el reclamo de RAM, al señalar que en su gestión anterior entregó "480 mil hectáreas a las comunidades aborígenes y mapuches" y aseguró que los integrantes de la organización "vienen a desordenar lo que ordenamos entre todos, no sabemos de qué viven. Tenemos algunas sospechas de quiénes los bancan, pero lo que pedimos es seriedad y tener memoria".