La asociación civil Florentina, de Rafaela, impugnó ante la Legislarura santafesina la postulación del fiscal de Cámara norteño, José Antonio Mantaras, que busca llegar a juez de la Alzada de Vera. Lo acusan de no haber apelado la absolución del padre de una joven que denunció abusos reiterados, en Reconquista. Se trata del fallo que en 2012 dejó en libertad al acusado del emblemático caso C.E.R, luego de que el juez Nicolás Muse Chemes desoyera a la víctima que sufrió violaciones sistemáticas desde los 13 a los 17 años. A fines de agosto pasado, la víctima fue reconocida en un acto que encabezó el gobernador Miguel Lifschitz, donde se le pidió disculpas, luego de que la causa llegara a la Organización de las Naciones Unidas con impulso de una red de mujeres que no la dejó sola cuando la Justicia le dio la espalda. El día anterior, Muse Chemes presentó la renuncia que será rechazada por el gobernador, tal como adelantó este diario la semana pasada. En tanto, la organización de mujeres considera que Mantaras también contribuyó para que el abusador quedara libre en un caso paradigmático en la provincia y el país. Aseguran que el postulante a camarista no tiene noción sobre los derechos humanos de las mujeres. También presentó impugnación la ex concejala santafesina y profesora de Derechos y Garantías de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Santa Fe, Adriana Molina.

La tarea de los fiscales es impulsar las investigaciones penales. En el caso puntual, se acusa a Mantaras de no haber apelado como fiscal de la Alzada, cuando el acusado por abuso fue absuelto y volvió a su casa, donde festejó su libertad. Para las organizaciones de mujeres, que no olvidan el caso, la Justicia desoyó a la víctima, que tuvo que refugiarse en Rosario. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) fueron las que la acompañaron en todo momento y llevaron el caso hasta los organismos internacionales, con concejalas como Soledad Zalazar y Norma López, y la psicóloga Graciela Sosa, entre otras mujeres que no le soltaron la mano a C.E.R.

Así, el caso fue el primero del país en ser admitido por la Convención de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw) de la ONU, al considerar que la Justicia santafesina no falló conforme a derecho, ni respetando los estándares y tratados internacionales. La ONU fue clara al decir que el fallo que desvinculó al acusado de abuso sexual está basado en concepciones discriminatorias, estereotipos de género y de clase, y que desestima los dichos de la víctima y la valoración de la prueba aportada, analizada a través de una mirada que justificaba actitudes violentas.

En 2014 Insgenar y Cladem acordaron iniciar una agenda para una reparación histórica por parte del gobierno de Santa Fe, que incluía un acto público de pedido de disculpas a la víctima. Además se acordó una solución habitacional, laboral, y una indemnización por el daño material y moral causado.

En paralelo, los operadores judiciales del caso continuaron su carrera en el fuero penal: Muse Chemes intentó llegar a camarista, el año pasado, pero gracias a la advertencia de las organizaciones de mujeres el gobernador retiró su pliego. Ahora, quiere renunciar para evitar el juicio político. Al mismo cargo se presentó meses atrás el fiscal de Cámara, acusado de no recurrir la sentencia absolutoria y permitir que quedara firme. “Lo impugnamos ante la Legislatura porque fue quien debía apelar el fallo. Tuvo un rol basado en estereotipos, con falta de perspectiva sobre los derechos humanos de las mujeres y sería peligroso que llegue a juez”, aseguró Soledad Comini, presidenta de la asociación civil Florentina, que trabaja por los derechos de las mujeres desde 2014.

Comini se presentará a la Legislatura este miércoles, en la previa del tratamiento de los pliegos en el recinto. En diálogo con Rosario/12 dijo: “Necesitamos una justicia con perspectiva de género. Nosotras podemos apoyar a las víctimas y acompañarlas a hacer una denuncia, pero si luego se enfrentan con una Justicia que no escucha, no se puede seguir adelante”. Al mismo tiempo, la mujer dijo que esperan que “el gobernador retire el pliego. Mientras tanto, estamos haciendo lo posible para que sea la Legislatura la que lo rechace. Es una vergüenza que al mismo tiempo que se está pidiendo disculpas a la víctima, este pliego esté en debate”, lamentó. “Hay que romper con los fuertes estereotipos judiciales en materia de derechos de las mujeres”, instó Comini.

A esa presentación se sumó la de Molina. “Es importante que los operadores judiciales tengan perspectiva de género para que no se repita lo ocurrió en el caso C.E.R.”, reza el escrito de la ex concejala santafesina.