El Frente Amplio y la Nueva Mayoría presentaron una acusación constitucional contra tres jueces de la Corte Suprema de Chile por beneficiar con libertad condicional a condenados por delitos de lesa humanidad. Los parlamentarios de izquierda acusan a los magistrados Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, de no atenerse a las normas sobre los derechos humanos y de incumplir los pactos internacionales que legislan sobre esta materia. 

La decisión de la Corte tuvo lugar en julio cuando benefició con dicho recurso a un suboficial, un excoronel del ejército y un ex brigadier, todos vinculados a la última dictadura chilena. La medida fue tomada pese a la resolución previa de la comisión de libertad condicional, que había considerado que los informes psicológicos no acreditaban ni corrección ni rehabilitación. La acusación presentada el pasado 22 de agosto será debatida el próximo viernes en diputados. En una primera instancia se revisará si la acusación cumple con los requisitos constitucionales. En caso de que se declare constitucional, los diputados emitirán su voto. El Senado daría la última palabra. 

Carmen Hertz, del Partido Comunista de Chile (PC) y reconocida defensora de los derechos humanos, fue la vocera de la iniciativa. “Hoy estamos haciendo uso de esta herramienta, a la cual estamos obligados porque se ha vulnerado el orden internacional y con esto se pone al Estado de Chile en una situación de vulnerabilidad”, aseguró la parlamentaria al presentar la acusación, según el informativo UChile. “No estamos invadiendo, como se ha pretendido (decir), ninguna autonomía judicial. Esta acusación constitucional no tiene por objeto ni revisar un fallo, ni corregirlo, no es ese el objetivo de la acusación constitucional, sino hacer objetiva la responsabilidad política que nosotros estimamos existe en estos tres magistrados que han vulnerado las normas del orden internacional, ni más ni menos que en la protección de los derechos humanos”, agregó Hertz. La bancada de izquierda asegura que la decisión de los magistrados chilenos pasó por alto los requisitos que establecen los organismos internacionales. 

 Tan pronto la izquierda presentó el recurso, la ultraconservadora Unión Democrática Independiente (UDI) buscó anular la acusación, declarando vicios de forma en su presentación. La UDI alegó que Hertz tiene un interés particular en esta causa por su conocida trayectoria en la defensa de derechos humanos y en particular por haber sido querellante en el caso Caravana de la Muerte, donde fue asesinado su pareja. “Justamente la calidad de víctima y, en este caso, de querellante de la diputada Carmen Hertz en un proceso que va a ser visto próximamente por la Corte Suprema y particularmente por la Sala Penal donde se están imputando a tres ministros, es lo que la hace tener un conflicto de interés evidente al momento de interponer esta acusación constitucional. esto no es querer ganar por secretaría, es demostrar y evidenciar que esta acusación constitucional no solamente adolece de total fundamento en el fondo sino que también tiene vicios de forma que la hacen inválida”, declaró el diputado por el UDI, Javier Macaya, a UChile.  

Mientras miembros de la Corte son acusados por otorgar libertad condicional a personas que ejecutaron delitos de lesa humanidad en la última dictadura chilena, ayer miles de personas recordaron a las víctimas de la dictadura, en las vísperas del 45 aniversario del golpe de estado. La marcha, convocada por organizaciones sociales y pro derechos humanos, se realizó bajo el lema “A 45 años del Golpe Militar, seguimos luchando por verdad y justicia”. 

La romería comenzó en la Plaza Los Héroes y avanzó por el centro de la capital chilena hasta el Cementerio General, donde reposan los restos de Salvador Allende y memoriales que recuerdan las víctimas. Las agrupaciones y entidades que participaron portaban carteles y pancartas con llamados a acabar con la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Los miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, una de las entidades que convocó la movilización, marcharon con fotografías de las víctimas del régimen. 

La diputada Hertz calificó de lamentable a la gestión de Sebastián Piñera, especialmente por los cuestionamientos sobre su polìtica de derechos humanos. “Este Gobierno se estrenó retirando el aporte reparatorio a los presos políticos víctimas de tortura. Después se hace una relativización evidente de los crímenes de exterminios, por lo tanto, el balance que podemos hacer en esta materia es mísero”, señaló la diputada de PC. Por su parte, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, acusó ayer al mandatario de encabezar una campaña de impunidad junto a los tres jueces acusados. “Ver al presidente de la Corte Suprema reunirse con Piñera, que tiene un compromiso con militares condenados por violaciones a los derechos humanos, realmente demuestra que aquí no hay voluntad de los poderes del Estado de hacer justicia”, afirmó. 

El presidente chileno estuvo también en el centro de las críticas, recientemente, cuando tuvo que destituir a un recién nombrado ministro, por sus críticas al Museo de la Memoria. En este contexto, autoridades de gobierno y los partidos conservadores que lo respaldan, plantearon la necesidad de analizar el contexto político y social de Chile antes del alzamiento militar liderado por Pinochet. En este sentido, el sábado Piñera declaró en el diario La Tercera que la democracia chilena estaba gravemente enferma antes del 11 de septiembre de 1973. Sin embargo, alegó que eso no justificaba las violaciones a los cometidas a los derechos humanos. La oposición interpretó las declaraciones del presidente como un intento de justificar el golpe de Estado.