Nueve policías de Santiago del Estero son juzgados, cuatro de ellos por secuestro y tortura seguida de muerte de Ramón Vázquez, y por privación ilegítima de la libertad de otras cuatro personas. El caso se inició el 11 de septiembre de 2013, cuando un grupo de policías de civil secuestraron a Ramón Vázquez de su propia casa sin orden judicial y acusándolo sin ninguna prueba de haber robado un televisor de una casa donde había trabajado de albañil. Al día siguiente lo liberaron pero diez días después lo volvieron a detener pese a que Vázquez contaba con un hábeas corpus. Poco después, la policía informó que el detenido falleció descompensado. La autopsia determinó que murió por efecto del submarino seco, una bolsa de nylon en la cabeza, y asfixiado por su propio vómito.

La primera detención tuvo lugar el 11 de septiembre del 2013. Un grupo de policías de civil llegaron a la vivienda de Vázquez, alrededor de las 18.30 para decir que “ocurrió un problema en una casa donde trabajabas”, y le ordenaron que los acompañara. Como no regresaba, a la noche, sus familiares fueron a buscarlo a la comisaría 10ª que corresponde al domicilio. En el lugar les dijeron que de Vázquez no tenían noticia. Hasta que después de amasarlos entre la angustia y la bronca, les informaron que Vázquez había pasado por la 10ª pero que ya no se encontraba allí aunque sabían que estaba demorado e incomunicado.

Al día siguiente, uno de sus familiares se presentó en la 10ª con una abogada para recibir información concreta y recién en ese momento reconocieron que estaba detenido en otra comisaría, acusado de un robo en una casa del sur de la ciudad donde Vázquez había trabajado unos meses antes. Finalmente lograron dar con él, y un día después lograron que fuera liberado. Para evitar una nueva detención, inmotivada, un abogado le presentó un habeas corpus.

Diez días más tarde, el 22 de septiembre, alrededor de las 8;30, cuatro policías que luego fueron identificados como Nazareno Moreno, Roberto Chávez, Cenobio Díaz y Hernán Villarreal, de la Brigada de la comisaría 10ª, entraron a las patadas en la casa, pasaron por arriba a sus familiares y lo levantaron de las pestañas y arrastraron a Ramón Vázquez como estaba. En vano fue que el hombre mostrara el habeas corpus. “¡Qué habeas corpus ni que mierda!”, le gritó uno de los policías y se lo llevaron tironeado por sus familiares que intentaban mantenerlo a salvo. Lo subieron a un patrullero, y dos de ellos subieron a un auto particular y se fueron.

Cuando fueron a la comisaría, los familiares se encontraron con respuestas evasivas. Recién pasado el mediodía fueron recibidos por el comisario Mario Sayago, quien les informó que Vázquez había sufrido una descompensación y que fue trasladado al hospital regional donde falleció. La autopsia determinó que la descompensación se la provocaron con una bolsa de nylon.

A principios de agosto comenzó el juicio ante el tribunal conformado por Alfredo Pérez Gallardo, Luis Eduardo Achaval y María Eugenia Carabajal. Los abogados de la querella son Mariano Exequiel Gil y Rubén Jozami, y la fiscalía está a cargo de Olga Gay de Castellanos. 

En la audiencia del 23 de agosto pasado, la fiscalía y la querella solicitaron el agravamiento de la imputación para Díaz, Villarreal, Chávez y Moreno por los delitos de severidades en perjuicio de las otras cuatro personas detenidas, incluido el de tortura contra dos de ellas. El tribunal aceptó el agravamiento días después.

Los otros acusados por privación ilegal son Cristian Barrera, Pablo Carrizo, Paola Arce, Ramòn Orellana y el comisario Sayago, por omisión de denuncia y privación ilegal de la libertad. Mañana continúa el juicio.