En octubre de 1976, Blanca Gallardo dio a luz a su hijo, pero le dijeron que había muerto. 41 años pasó creyendo esa mentira. En realidad, se lo habían arrebatado y dado en adopción a una familia en Estados Unidos. En agosto de este año, Jeremy Pixton fue a ver a su madre biológica por primera vez desde que los separaron en el hospital San Borja de Santiago de Chile. “Fue increíble. Cuando nos abrazamos sentí que nos conocíamos de toda la vida”, cuenta entusiasmado a PáginaI12 Pixton, desde el estado de Utah, donde vive. Lejos de ser el suyo un hecho aislado, las adopciones ilegales han sido constantes en Chile desde los años ‘50, pero tuvieron su pico durante la dictadura (1973-1992) encabezada por Augusto Pinochet desde que dio el golpe, un día como hoy pero hace 45 años. Hasta ahora se descarta que el robo de niños se haya usado como método represivo por parte de la dictadura, pero sí se dieron las condiciones para facilitarlo.

“Mis padres siempre me dijeron que yo era adoptado y que había nacido en Chile”, dice Pixton, el último caso de adopción ilegal que se dio a conocer. El vendedor de alarmas de 41 años narra que una misión de la iglesia mormona a la que pertenece lo llevó al extremo sur del continente, donde se quedó desde 1996 hasta 1998. Fue durante ese viaje que empezó a querer entender más su historia. Se acercó al abogado chileno que había tramitado su adopción, quien también pertenecía a la iglesia mormona, al igual que sus padres. “No quiso decirme nada”, relata. Años más tarde, dio con la web de la ONG chilena Nos Buscamos, llenó un formulario y ellos se pusieron en contacto. Tras ello, los voluntarios de la ONG hicieron filas, solicitaron y obtuvieron el certificado de nacimiento original, encontraron el nombre de la madre y con él, el número de identidad. Buscaron en una web y vieron que Blanca Gallardo vivía en el sur, en Chiloé, ¿pero dónde? Fueron a hablar con los carabineros. “La localizaron. Me dieron su información de contacto y yo me contacté con ella”, narra Constanza del Río fundadora y directora de Nos Buscamos. “Más que una sorpresa, para ella fue un shock del que todavía no se recupera porque nunca lo buscó. Ella pensaba que su hijo había muerto en el parto”, agrega del Río. Pixton, tras describir el encuentro con su madre biológica, contar que nota cierto parecido con sus hermanos y que pretende llamar a su madre chilena cada dos semanas para seguir en contacto, reflexiona sobre su historia y dice sentir enojo. 

“Durante tiempos de la dictadura fue mucho más fácil traficar niños al extranjero”, indica Marisol Rodríguez, portavoz de la red Hijos y Madres del Silencio de Chile, sitio en Facebook que funciona como intermediario entre hijos que buscan a sus familias biológicas y viceversa en diálogo con Páginal12. Rodríguez, de 42 años, expone las razones: “A las madres les decían que sus hijos fallecían, pero, como no se los mostraban, reclamaban y les decían ‘quedate callada’ o ‘te vamos a llevar presa’. Entonces, era más fácil por la misma represión del sistema y, además, por el poco control de la salida de los niños del país”. Así, el juez Mario Carroza –cuya oficina se encarga de la investigación de las adopciones ilegales– llegó a determinar que más de 2.000 niños chilenos fueron adoptados en Suecia en 1971 y 1992. Pero el país escandinavo no fue el único. Alemania, Bélgica, Holanda, Argentina, Perú, Ecuador, México, España, Francia, Uruguay y Estados Unidos fueron algunos de los destinos de los miles de bebés robados.  “Chile era una máquina de producir niños”, resume Rodríguez, profesora universitaria de matemática y estadística. El modus operandi era frecuentemente el mismo: buscaban a mujeres con diferentes grados de vulnerabilidad. “Ya sea que pertenecían a un estrato socioeconómico bajo, o por la edad, es decir, que eran madres adolescentes”, explica la académica. 

“Además, dentro de la dictadura la red de tráfico de niños que estaba formada -además de por médicos y enfermeras- por asistentes sociales, jueces, abogados que tenían acceso a los tribunales y al registro civil. Todo lo que es del Estado, del sistema público. Se robaron niños en los hospitales públicos. Por eso es un problema de Estado”, sentencia Rodríguez. La profesora también expresa una singularidad con la que se encontraron al empezar a indagar sobre el tráfico de niños es que los hijos llevados al extranjero no aparecen como que hubiesen sido adoptados en el país. “Acá en Chile están con su nombre chileno, su identidad chilena y además tienen identidad y número de identidad en su país. Eso quiere decir que no sólo tienen doble nacionalidad sino doble identidad. Cuentan doble”, indica la portavoz de la página que ha logrado concretar 109 encuentros.

“En Chile, existe la adopción legal y lo que no es adopción legal es tráfico infantil”, dice contundente la fundadora de Nos Buscamos. Ella misma fue adoptada ilegalmente y lo supo cuando tenía 39 años. En abril de 2014 montó una página web -nosbuscamos.org- para poder encontrar a sus padres biológicos y, hasta ahora, por su intermediación se han concretado 32 reuniones entre hijos y familiares, pero su involucramiento con el tráfico de niños va más allá. “Trabajamos con el gobierno, trabajamos con el Congreso, estamos tratando de cambiar las leyes. O sea, además de buscar hacemos un trabajo más burocrático”, explica del Río. La fundadora de la organización indica, además, que fue por su denuncia que inició la investigación de Carroza. “Yo fui la primera que hizo la denuncia al juez Mario Carroza y a esa denuncia se han ido sumando los demás casos. Denuncié a Telma Uribe, que había sido asistente social, después de que descubrimos que ella sola había mandado 750 niños fuera de Chile. Esto fue en abril del 2017 y desde ahí la investigación comenzó a tomar vuelo”, afirma del Río. 

Actualmente, la ONG está solicitando una subvención a la Presidencia. Todo sus trabajadores son voluntarios, por lo que trabajan en sus tiempos libres, y necesitan recursos económicos para, por ejemplo, realizar los análisis de ADN, para que los hijos robados y sus familias puedan encontrarse, como Jeremy Pixton y Blanca Gallardo. 

Informe: Bianca Di Santi.