Diversas organizaciones civiles presentaron ayer en la Legislatura porteña una denuncia penal colectiva contra el Gobierno de la Ciudad por el otorgamiento “sistemático” de permisos de obra que no respetan el Plan Urbano Ambiental y violan el actual Código de Planeamiento. Jonatan Baldiviezo, el titular del Observatorio por el Derecho a la Ciudad (ODC), una de las entidades que motorizan el reclamo, dijo a PáginaI12 que “no son hechos aislados, se ha generado una sistematización con complicidad de los funcionarios. Estos permisos pasan por muchas manos, hay organismos de control y no cuestionan ningún permiso de obra. Por eso decimos que hay una asociación ilícita para otorgarlos”.

La denuncia que apunta, en principio, contra la Dirección General de Interpretación Urbanística (Dgiur), que es el organismo que establece la compatibilidad entre los proyectos inmobiliarios y el Código de Planeamiento, se da en el marco de la discusión que llevan organizaciones sociales y vecinos contra el nuevo Código Urbanístico, impulsado por el PRO y aprobado la semana pasada en primera lectura.

En la presentación, en el Salón Perón de la Legislatura, los organizadores que recopilaron unos 15 casos de permiso de obras ilegales buscaron no sólo hacer pública la denuncia sino que las asociaciones vecinales y barriales sumaran más casos para presentar a la justicia.

Según explicó Baldiviezo, para habilitar obras que pasan por encima del Código, los funcionarios “apelan a tres argumentos. El completamiento de tejido o enrase, que es una excepción que autoriza a construir por arriba de la altura permitida en un distrito y exige como condición que las edificaciones linderas superen los 15 metros. Lo que dicen es: si existe un inmueble entre dos edificios de más de 15 metros no hay razón para que no pueda construirse otro. Y el gobierno lo que hace es aplicarlo a situaciones que no están autorizadas. En segundo lugar, fundarse en el futuro Código Urbanístico, todavía no sancionado, que dice que se tiene que tener en cuenta la manzana y el entorno y no la parcela. Si tu parcela no te permite construir en altura, lo que hacen es buscar un edificio cercano como referencia y aplican esa interpretación. Es el caso del edificio denominado Astor San Telmo, en el que se interpuso un amparo y la Justicia, a fines de agosto, paró las obras”.

El tercer argumento, explicó el titular del ODC, es “la compensación volumétrica. Lo que hacen es flexibilizar de forma discrecional los parámetros del actual Código, permitiendo que un edificio aumente en altura si, por ejemplo, se retira de la línea de edificación. Es el argumento que usaron en el caso de otra obra parada por la justicia, el Palacio Roccatagliata, dos torres, una de 13 pisos y otra de 28, en Coghlan”.

En el mismo sentido, el arquitecto Carlos Blanco, integrante de Basta de Demoler, detalló otros mecanismos en los que entran en juego, de forma más explícita, la connivencia de los funcionarios.

“No hay un solo modus operandi, aunque hay uno o dos escritorios donde convergen las aprobaciones de estas características. Los desarrolladores y los funcionarios del Gobierno de la Ciudad entran por distintas puertas. Esencialmente, y acá es donde los jueces nos otorgan los amparos, es cuando se exceden en la interpretación de la norma y pasan a legislar”.

Para el especialista, hasta antes de la primera gestión de Mauricio Macri como intendente porteño, varios de los mecanismos que hoy se aplican pasaban por la Legislatura. Ya con la gestión amarilla, la interpretación de la norma se hizo más frecuente y, tras diez años de Cambiemos, la interpretación permanente se naturalizó.

“En la denuncia juntamos varios casos que tiene distintos artificios para gambetear las normas, que son taxativas. Se apunta contra la Dgiur porque es donde el expediente se bifurca en electrónico y analógico. Se inicia el expediente electrónico y en algún momento se transforma en analógico con copias de planos, armado de carpetas firmadas por funcionarios, y entonces ‘aparecen’ otros planos, que son los que reciben los inspectores. Otro mecanismo es que hay cosas que no aparecen en el Boletín Oficial. Toda disposición y resolución de un funcionario de categoría de director General para arriba tiene que ser publicada y, a veces, recién publican cuando es irreversible. O las disposiciones no son publicadas de forma textual, se hacen resúmenes y justo lo que se suprime es lo que contravienen la norma. A veces es un párrafo, otras un renglón. Todo indica que hay un abanico de gente al tanto de estos errores premeditados. Es burdo, pero tienen una finesa florentina para redactar y exponer ante la sociedad que pareciera que está todo en norma”, señaló Blanco, y como botón de muestra señaló que “en el caso del Astor hay una referencia a un plano en la disposición que admite el exceso de metros cuadrados y no figura en el expediente electrónico”.

Para Baldiviezo “lo que vemos es que hay una conducta sistemática para beneficiar el desarrollo de los negocios inmobiliarios con la complicidad de los funcionarios. Y en muchos caso la justicia nos está dando la razón. Los casos que presentamos son una muestra representativa, no un relevamiento exhaustivo de todos los casos”.

Otras denuncias, según las organizaciones, no llegan a canalizarse en presentaciones judiciales principalmente por temor a represalias económicas por parte de las empresas y del gobierno.