La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia aceptó el recurso presentado por el CELS y la querella que representa a la familia de Santiago Maldonado, encabezada por la abogada Verónica Heredia, en la causa por la desaparición y muerte del tatuador anarquista. Esto significa que ahora la Cámara de Casación Penal deberá resolver sobre el fallo que habilitó la utilización y validez de las intervenciones telefónicas a Sergio Maldonado y otros testigos del caso, y a miembros de las redes de apoyo a las comunidades originarias en Chubut. Luego de la recusación del juez Guido Otranto, el nuevo magistrado de la causa que investiga lo ocurrido tras la represión de Gendarmería del 1 de agosto del año pasado, Gustavo Lleral, ordenó el fin de las intervenciones telefónicas y su destrucción al considerarlas ilegales e inconstitucionales porque avanzaron sobre el derecho a la intimidad nada menos que de las víctimas del caso. La fiscal Silvina Avila apeló esta decisión y el 6 de agosto la Cámara de Comodoro Rivadavia validó las resoluciones tomadas por Otranto que dispusieron las escuchas a los testigos Sergio Maldonado, Claudina Pilquiman y Ariel Garzi, así como de Marcela Stocovaz, vecina de El Bolsón.

“La decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia no está debidamente argumentada y genera un preocupante antecedente para este tipo de técnicas de investigación, el Código Procesal Penal exige que las personas ‘escuchadas’ sean imputadas en la causa que da lugar a la investigación”, indicó el CELS. “La argumentación contiene numerosas contradicciones y justifica una medida violatoria de la Constitución sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley, sin control este tipo de medidas de prueba vulneran el derecho a la intimidad y la privacidad de las personas, se debilitan los principios de debido proceso y defensa en juicio que buscan proteger”, agregó el organismo querellante. Las pinchaduras a los teléfonos forman parte del espionaje ilegal que habría desplegado el Gobierno en este caso, el cual es objeto de otra causa penal. El hermano mayor del tatuador anarquista y su esposa no sólo fueron escuchados sino también seguidos e intimidados por agentes de inteligencia.

Por otra parte, en un comunicado el CELS destacó el valor del informe elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal con las conclusiones de su participación en la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, publicado por PáginaI12 y revelado en el libro de Sebastián Premici Santiago Maldonado, un crimen de Estado. “La Procuvin propuso numerosas medidas de prueba y tuvo acceso al expediente judicial. El informe realizado puede resultar un material valioso para la investigación y el análisis de las responsabilidades del operativo represivo ocurrido el 1 de agosto en Chubut”, indicó el CELS que, junto a la APDH, solicitó su incorporación al expediente. Ahora es la fiscal Ávila la que debe resolver sobre este pedido.