Hasta el oficialismo pide explicaciones

Tras la presentación de las dos denuncias judiciales para que se investigue el presunto pago de sobornos al director de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, la crisis del Gobierno se trasladó ahora al terreno político. El diputado oficialista Héctor “Cachi” Gutiérrez (UCR), integrante de la comisión bicameral de fiscalización de los organismos de inteligencia reclamó que Arribas sea citado a dar explicaciones “no mucho más allá de la semana que viene”, si en las próximas horas no presenta la documentación aclaratoria en la Justicia. Gutiérrez coincidió así con el planteo realizado por la diputada del FpV, Teresa García, quien remitió el miércoles una nota para que la bicameral sea convocada de urgencia y se cite al funcionario. En diálogo con PáginaI12, el titular de esa comisión, el senador radical Juan Carlos Marino rechazó el planteo porque según él se trata de un tema “que no es de incumbencia de la comisión”. Marino también rechazó el planteo de su compañero de bloque, Julio Cobos, quien le reclamó al presidente, Mauricio Macri, que aparte a Arribas del cargo hasta tanto se aclare su situación. En paralelo, García también presentó una nota ante la Oficina Anticorrupción (OA), que preside Laura Alonso, con una mínima esperanza de que la dirigente ultramacrista abra una investigación.

El conflicto político alrededor de la complicada situación del jefe de los espías se va agudizando. Comenzaron a surgir nuevas voces en el oficialismo que reclaman que el hombre de extrema confianza de Macri dé las explicaciones correspondientes y que el Presidente lo separe hasta tanto el caso esté resuelto. “Esperemos que Arribas, en las próximas horas, acredite en la Justicia la documentación que le permita deslindar responsabilidades en esta denuncia. Esto no debería hacerlo cuando él lo considere oportuno, sino rápidamente”, advirtió Gutiérrez ayer. El diputado radical señaló que se trata de un hecho “grave” porque “no es un funcionario corriente” sino del “titular de los servicios de inteligencia argentinos”. En ese marco, criticó la defensa del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien minimizó la acusación y la calificó como “un cúmulo de insinuaciones”. “Cuanto menos, hay que convocar a la comisión y adoptar un curso de acción. Podríamos pedirle a la UIF la documentación que tiene del caso Arribas”, afirmó Gutiérrez.

Arribas está acusado de haber recibido, en 2013, cinco transferencias por un total de 600 mil dólares en su cuenta del Credit Suisse en Zurich por parte del financista brasileño, Leonardo Meirelles, condenado por corrupción en la causa Lava Jato de Brasil. Meirelles y su socio Alberto Youssef, se acogieron al régimen de “delación premiada” en su país y aportaron pruebas del pago de coimas por parte de la constructora brasileña Odebrecht a través de una “empresa de fachada” denominada “RFY Import & Export Limited”. En un comunicado, Arribas solamente reconoció haber recibido 70.475 dólares como parte del pago de un departamento que poseía en la ciudad de San Pablo.  

“Cuando ocurrió el caso Nisman la oposición y especialmente la UCR estuvieron semanas reclamando para que convoque a la bicameral y cite a Parrilli para que responda preguntas”, recuerda García, que en el verano de 2015 estaba al frente de la bicameral de inteligencia. En aquel momento Oscar Parrilli asistió al Congreso pese a que se encontraba en receso de febrero. Esta semana la diputada presentó una nota para que se lo cite a Arribas. Como casualmente no había personal de guardia que recibiera la nota en la comisión, la entregó en el despacho de Marino (ver foto).

“No tengo oficialmente nada presentado”, dijo ayer Marino a este diario, desentendiéndose del acuse de recibo firmado en su despacho. En ese escrito García recuerda que Arribas ya había sido impugnado en la comisión de Acuerdos del Senado cuando Macri envió el pliego. “Arribas ha sido investigado por irregularidades relacionadas con esta millonaria actividad económica (representante de jugadores de fútbol) que es considerada por el GAFI, como una de las que facilita el lavado de activos y la evasión fiscal, mercados ilegales que la AFI debe investigar. No parece razonable poner al frente del órgano rector del Sistema de Inteligencia a quien tiene vínculos sospechados con esos mercados caracterizados por el flujo ilegal de dinero”, señalaron de manera casi premonitoria los integrantes de la Iniciativa Ciudadana para el Control de los Servicios de Inteligencia (ICCSI).