Organizaciones de la sociedad civil y sindicatos criticaron la reasignación de partidas que dispuso esta semana el Ministerio de Hacienda y que recortó fondos de carteras como Ciencia y Tecnología, Educación y Desarrollo Social, y se los incrementó a la Policía Federal, Gendarmería y las Fuerzas Armadas. El presupuesto de las universidades nacionales, que en varios casos se encuentran tomadas por sus estudiantes en reclamo de mayor financiamiento, sumó un nuevo recorte de más de 1600 millones de pesos.
“Hoy les ponemos números al ajuste sobre la universidad: otros $1666 millones menos que se suman al recorte de $1076 millones que sufrimos a principios de año”, aseguraron desde el Instituto de Estudios y Capacitación de la federación docente Conadu, y resaltaron la importancia de la movilización que mañana realizarán docentes y estudiantes de todos los niveles educativos al Congreso, para solicitar mayor presupuesto en Educación. Además, varias facultades de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires continúan tomadas por sus estudiantes en reclamo de un freno al ajuste presupuestario.
La decisión administrativa 1605/18 incluyó una reducción de más de 1600 millones de pesos en transferencias a universidades nacionales, pero no hubo comunicación oficial que indique mayores detalles del impacto de la medida: ni de donde saldrán los fondos, ni para qué se usarán.
En este marco, los rectores de las universidades nacionales acordaron ayer, en reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), aumentar un 8 por ciento el pedido de presupuesto para el sistema universitario en 2019, luego de la fuerte devaluación de las últimas semanas y tras la firma del acuerdo paritario de los docentes universitarios, que cerró en un aumento de entre el 24 y 26 por ciento.
El total requerido al Gobierno por el CIN será ahora de 144.500 millones de pesos, contra los 133.345 millones que habían solicitado hace un mes. Los rectores aclararon que el monto es el necesario para cubrir los gastos “mínimos e indispensables” del año que viene. El pedido se presenta al Gobierno todos lo años como modelo “sugerido”, pero se estima que el Ejecutivo finalmente enviará al Congreso un presupuesto mucho menor.
La reasignación de partidas también fue rechazada por la coalición de organizaciones de la sociedad civil Infancia en Deuda, que advirtió que el ajuste en el presupuesto de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social es ilegal. La organización aseguró que el recorte de más de 130 millones de pesos viola la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que establece que el Estado realizará siempre inversiones crecientes, y dispone “la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia establecidos en el presupuesto nacional”. Además, resaltó que “no puede haber razones válidas para explicar la reducción de la inversión destinada a la infancia”, en un contexto “recesivo y de alta vulnerabilidad social”, en el que “casi la mitad de los niños argentinos son pobres”.
Informe: Inés Fornassero
