Hasta diciembre de 2015, cuando el flamante presidente Mauricio Macri propuso su ingreso por la ventana a la Corte Suprema de Justicia, el perfil de Carlos Rosenkrantz era el de un experto en derecho civil y comercial que conducía una universidad privada y representaba a poderosas corporaciones. En su actuación como cortesano confirmó los augurios que los organismos de derechos humanos anticiparon al impugnarlo: intentó cambiar la jurisprudencia del tribunal sobre la obligación de respetar las resoluciones del sistema interamericano y firmó el fallo “Muiña” para facilitar la liberación de condenados por delitos de lesa humanidad.

Abogado de 59 años, recibido con honores en la Universidad de Buenos Aires en 1983, Rosenkrantz completó su carrera en los Estados Unidos. Con la naciente democracia integró junto a otros jóvenes juristas un grupo liderado por Carlos Nino, que influyó en varias iniciativas legales del presidente Raúl Alfonsín. En 1991 representó a la Comunidad Homosexual Argentina en un litigio contra la Inspección General de Justicia menemista, que con argumentos homofóbicos pretendía denegarle la personería jurídica. En 1994 trabajó como asesor de la Convención Constituyente de Santa Fe.

En los años previos al desembarco en la Corte, lejos de aquellas causas, patrocinó desde el estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados a empresas nacionales y multinacionales, en muchos casos en juicios contra el Estado. Entre el listado de clientes que desapareció del portal del estudio cuando la prensa comenzó a hurgar en su pasado estaban Clarín, La Nación, McDonald’s, YPF, Cablevisión, América TV y La Rural de Palermo. En paralelo desde 2008 se desempeñó como rector de la Universidad de San Andrés.

El decreto de Macri para sentarlo en la Corte (junto con Horacio Rosatti) sin el aval del Senado generó un escándalo que derivó en la marcha atrás y el respeto de los pasos legales. La mayor parte de las impugnaciones provinieron de organismos. El CELS advirtió su reticencia a aplicar el derecho internacional de los derechos humanos (en particular los antecedentes que derivaron en los fallos que declararon inconstitucionales las leyes de impunidad), su rechazó a que los tribunales se pronuncien sobre la obligación estatal de garantizar derechos económicos y sociales, y su interpretación restrictiva del derecho a la protesta.

En las audiencias en el Congreso, Rosenkrantz afirmó que jamás hubiera aceptado jurar ante la Corte sin previo acuerdo del Senado, afirmación que no solo contradijo su silencio tras el decreto de Macri sino también la palabra del ministro Germán Garavano, que en varias entrevistas confesó haber consensuado la medida con ambos candidatos. En junio de 2016 el Senado aprobó su pliego por 58 votos a favor y 12 en contra. El 22 de agosto juró por “la patria y el honor”, levantó los brazos en señal de triunfo y ordenó sacar a los periodistas de la sala para que no hubiera testigos molestos de los abrazos con quienes celebraban su designación. Entre los presentes estaba el jefe de gabinete Marcos Peña, a quien asesoró sobre cómo moverse en ámbitos académicos, según narró Hernán Iglesias Illia en su libro “Cambiamos”.

La nueva impronta en la Corte se transparentó en febrero de 2017, cuando una nueva mayoría cambio la jurisprudencia en relación al sistema interamericano. En un caso de libertad de expresión, los supremos dispusieron que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son de cumplimiento obligatorio. En abril ordenó revocar una sentencia que había dejado sin efecto el arresto domiciliario de un militar condenado por crímenes de lesa humanidad. El 3 de mayo, junto con Rosatti y Elena Highton, firmó el fallo para aplicar el 2x1 (computar dobles los días en prisión sin sentencia firme) a condenados por delitos de lesa humanidad. Una semana después cientos de miles de personas se manifestaron en plazas de todo el país en respaldo al reclamo de los organismos, el Congreso aprobó en tiempo récord una limitación expresa a la aplicación de ese beneficio y hasta el gobierno, que había avalado la decisión, tomó distancia del fallo que había gestionado en las sombras el ahora presidente de la Corte Suprema de Justicia.