La provincia de Mendoza se encamina a regir la vida cotidiana de ciudadanas y ciudadanos con un nuevo Código de Contravenciones elaborado en base a resultados de la encuesta anual de victimización provincial, y que contempla la sanción de faltas “contra la autoridad”, “contra el orden público y la seguridad pública”, “contra la moralidad, buenas costumbres, solidaridad y educación”, “contra la fe pública y la propiedad”, “contra la salud, sanidad e higiene”, y “contra el medio ambiente y la salud de los animales”. Ayer, la Cámara de Diputados provincial le dio media sanción al texto que ya había sido aprobado en el Senado mendocino, pero incluyó cambios, por lo que el proyecto con modificaciones debe ser revisado una vez más por senadoras y senadores. La versión original del texto había recibido duras críticas de la sociedad civil, por parte de ONGs como la Fundación Huésped, por contemplar la sanción de la “transmisión de enfermedades venéreas o contagiosas” –algo eliminado del proyecto que llegó ayer al recinto– y por considerar, también, la penalización de la “falsa búsqueda”, que proponía multar a quien “generare gastos al erario público en razón de su búsqueda, por haberse ausentado voluntariamente de su domicilio o entorno habitual y/o familiar sin aviso”. Ambos artículos quedaron fuera de la versión que ayer Diputados aprobó con 24 votos afirmativos (y 22 en contra), y que deberá ser revisada por el Senado, por los cambios que introdujo la Cámara Baja. En el texto permanecen, sin embargo, faltas como tirar el tarot, pedir dinero de manera “amenazante” o “fraudulenta”, y la “alteración psíquica en la vía pública, por uso de estupefacientes o sustancias tóxicas”, entre otras.
En casi 200 artículos, el proyecto de Código de Contravenciones provincial fue enviado a la Legislatura mendocina por el Poder Ejecutivo, luego de analizar la encuesta anual de victimización elaborada por el Ministerio de Seguridad y la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia. A fines de agosto, cuando la iniciativa había obtenido la sanción del Senado y comenzaba el trámite legislativo en la Cámara de Diputados, el gobierno provincial detalló en un comunicado que del relevamiento, que recogió respuestas de 7 mil entrevistados de toda la provincia, se desprendían “como datos que las personas se sienten inseguras en los espacios públicos y que las situaciones problemáticas están relacionadas con el consumo de alcohol”. “Cuando se realizó por primera vez la encuesta de victimización, ‘que era el gran cuco de todos estos años de la inseguridad, el Gobernador (Alfredo) Cornejo explicó que el 72 por ciento de la gente decía que quieren el control del espacio público’, detalló el ministro de Seguridad, Gianni Venier”, indicaba también ese comunicado. El ministro agregó que “la encuesta señaló que la gente no aguanta el desorden”, por lo que, explicaba el comunicado, las nuevas contravenciones incluidas en el proyecto (que busca modificar el vigente, que data de 1965) “fueron agregadas teniendo en cuenta la opinión de los 7.000 mendocinos que participaron en la última encuesta realizada”.
La versión del proyecto que regresará al Senado sostiene casi todo el articulado aprobado originalmente, con excepción de dos “faltas” que habían sido incorporadas y fueron eliminadas del texto. Una de ellas, establecida en el artículo 126, proponía castigar con multa o entre 15 y 30 días de arresto a “la persona que transmitiere enfermedad venérea o contagiosa” y establecía que “en caso de reincidencia, la sanción se elevará al doble. Si el contagiado fuere una persona menor de edad la sanción se elevará al triple”. La otra “falta” que ya no será estaba establecida en el artículo 118, “falsa búsqueda”, que indicaba castigo de multa y/o trabajo comunitario de 30 días para quien “sin mediar causa justificada generare gastos al erario público en razón de su búsqueda, por haberse ausentado voluntariamente de su domicilio o entorno habitual y/o familiar sin aviso, dando motivos para que se denuncie su ausencia o, el que, conociendo que se lo está buscando en razón de la misma circunstancia, ocultare su paradero”. Además, establecía “la obligación de devolver al Estado los gastos que su búsqueda generó”.
Entre otras conductas, el proyecto que sigue camino establece como contravenciones el negarse a dar “informes sobre la propia identidad personal” (en la sesión de ayer, se eliminó el arresto como sanción por ello), el “uso indebido de llamadas” a servicios de emergencia “o equivalente” cuando no fuera necesario, la “ofensa personal a funcionario público” (ayer, finalmente, se quitó a los funcionarios políticos como los posibles ofendidos) y varias situaciones referidas a la vida escolar (la ofensa a trabajadores de la educación dentro del establecimiento educativo; el ingreso en escuelas sin autorización de padres, tutores, curadores o familiares de alumnos), así como la “ofensa personal a médicos, enfermeros, personal de ambulancia o agentes sanitarios”.
Además, también castiga los “actos turbatorios y desórdenes”, como la incitación de peleas en la vía pública, su participación en ellas y “molestar con demostraciones hostiles o provocativas una reunión pública de carácter político, religioso, económico, social, deportivo, o arrojar líquidos o elementos contundentes, sin provocar lesiones o daño”. El acoso sexual callejero, la “incitación pública y privada (…) a mantener prácticas sexuales por precio”, la “mendacidad amenazante o agraviante” y su modalidad “fraudulenta” (“el que mendigare simulando deformidad o enfermedad propia o de terceros, o adoptando otros medios fraudulentos para suscitar la piedad ajena”) también serán castigados. Del mismo modo, el Código sancionará la “alteración psíquica en la vía pública, por uso de estupefacientes o sustancias tóxicas”.
En el capítulo sobre “contravenciones contra la fe pública y la propiedad”, el Código preve penar la “explotación de la credulidad pública”: habrá multa y arresto de entre 3 y 6 días para “el que tirando las cartas, evocando los espíritus, indicando tesoros ocultos, o el que públicamente ofreciere sus servicios como adivino, se hiciere pasar por profesional para actividades no habilitadas legalmente”.
